La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión de cuatro meses al registrador Seccional de Instrumentos Públicos de Soledad, Atlántico, David de Castro Macías (2020), por incumplimiento de una decisión judicial.
La Procuraduría Regional del Atlántico determinó que el disciplinado desobedeció el fallo de tutela proferido por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Barranquilla, al no contestar un derecho de petición en el término de 48 horas, sino casi un año después de haberse notificado la orden.
Para el Ministerio Público, Castro Macías trasgredió la Ley 1755 de 2015, que expone los términos para resolver las distintas modalidades de peticiones, así como “el procedimiento a efectuar cuando no es posible resolverlas en los plazos establecidos y cuando el funcionario no tiene competencia”.
Además, señaló que el implicado fue negligente y descuidado, por cuanto no desplegó las diligencias necesarias para sortear la situación, ni justificó su omisión.
Por estos hechos el ente de control calificó la falta del registrador seccional como grave a título de culpa grave, considerando que le correspondía garantizar el ejercicio de un derecho constitucional y acatar la orden judicial.
El fallo de primera instancia podrá ser apelado por el disciplinado ante la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa en turno.
