Los enfrentamientos entre el Eln y disidencias de las Farc tienen en jaque la seguridad de los habitantes y comerciantes en el departamento del Cauca y Nariño.
Tras el grave panorama que se está presentado en el sur del país, el gobierno nacional, en cabeza de la Oficina del Alto Comisionado de la Paz, denunció el actuar de estos grupos armados y exigió la detención de estas acciones armadas que ponen en peligro personas inocentes en estas zonas del país.
“Los combates entre estructuras del Eln y del Emc-Farc ponen en grave peligro a la población civil. Desde el Gobierno nacional instamos de manera urgente a estos grupos armados a detener sus acciones bélicas y a ceñirse a las normas del DIH, que ambas organizaciones dicen respetar”, expresa el comunicado.
Tras los hechos, el Alto Comisionado denuncia que estos grupos armados ilegales no muestran gestos de paz y, por tanto, queda en duda los deseos reales de sus integrantes están sentados con el gobierno en diálogos de paz.
“Colombia necesita ver gestos de buena voluntad de quienes aseguran ser partidarios de una paz integral que cimiente la democracia con justicia social y ambiental en los territorios. De lo contrario, quedará en entredicho la legitimidad de cualquier esfuerzo en la búsqueda de una paz dialogada con grupos que aseguran tener un origen político”, aseguran.
Se conoció como las comunidades y autoridades indígenas y campesinas de estas zonas del cauca “han manifestado de todas las maneras posibles su hastío frente a la permanente situación de miedo y peligro a la que son sometidas por los grupos armados ilegales que hacen presencia en sus territorios”.
Este llamado también se trasladó al municipio de Ricaurte, Nariño, donde las comunidades han sufrido de Confinamientos, desplazamientos, extorsiones por estos enfrentamientos entre la segunda Marquetalia y el Eln.
“Hacemos un llamado urgente a ambos grupos armados a parar esta confrontación sin sentido que afecta directamente a los habitantes —mayoritariamente pertenecientes a la etnia indígena Awá— de esta subregión del Piedemonte costero”, aseguró el Alto Comisionado de Paz.
Y agregan “Convertir los campos en territorios abandonados es impedir que el proyecto de democracia con justicia social y ambiental avance en el país”.
