El alcalde de Cartagena, William Dau, desconocía que estudiantes de escuelas públicas de la ciudad recibían solo 3 latas de atún en su Plan de Alimentación Escolar y no el kit completo alimentario, llamado complemento alimentario de ración para preparar. Todo esto en medio de la emergencia sanitaria del COVID-19.
La Procuraduría estableció que los paquetes nutricionales para los estudiantes, que constaban de al menos 15 productos diferentes, aparentemente fueron entregados incompletos, en algunos casos solo se entregó uno de los productos y sin embargo al parecer se cobraron por el valor total, incluido el costo, utilidades e impuestos completo.
“Yo firmo un contrato que viene ya con los vistos buenos, las aprobaciones, estudios, y tienen los vistos buenos iniciales de jurídica. Confió en que mi administración lo hizo bien, que todo es una persecución”, expresó el alcalde.
Aseguró, “no estoy enterado de los pormenores del caso, es lo que la Secretaría de Educación diga, creo si no estoy mal que el único escándalo del PAE fue algo que una concejala había comenzado debate porque cambiaron los huevos por atún”.
“Yo estoy tranquilo, ni me voy a meter en esa cosa, ni me voy a enterar de los pormenores de ese caso, yo dejo que la Secretaría de Educación se defienda. El alcalde tiene que manejar una ciudad de 1´300 mil cartageneros no estoy enterado de los pormenores de todo”, puntualizó.
La Procuraduría le formuló pliego de cargos al alcalde William Dau y a la directora de cobertura de educación, Alexandra Herrera, por presuntas irregularidades en relacionadas con sobrecostos por $527 millones detectados en el contrato para proveer las raciones alimenticias diarias a 97.135 estudiantes de colegios públicos, durante la pandemia del COVID-19.
Además de los sobrecostos, “la Procuraduría estableció que los paquetes nutricionales para los estudiantes, que constaban de al menos 15 productos diferentes, aparentemente fueron entregados incompletos, en algunos casos solo se entregó uno de los productos y sin embargo al parecer se cobraron por el valor total, incluido el costo, utilidades e impuestos completo”.
SOBRECOSTOS QUE INDICA LA PROCURADURÍA
El Ministerio Público indica que, el paquete alimentario que recibieron estudiantes en el año 2020, durante la pandemia del COVID-19, era leche en polvo de 500 gramos; tres latas de atún; seis huevos; lentejas o frijoles de 500 gramos; cereales como arroz u otros, de 100 gramos; panela o chocolate de 250 gramos; aceite o margarina 250 cm3.
“Seis huevos salieron a $2.220 (es decir cada uno salió por $370); 3 latas de atún salieron en $13.800 (cada atún salió por $4.600); 1kg de cereales (puede ser arroz, pastas, maíz, avena, almidón de avena), $4.080; Media libra de panela o chocolate $1.510; 250 cm3 de aceite o margarina $1.930″, indicó la Alcaldía.
La Procuraduría encontró sobrecostos y diferencias en paquetes nutricionales, al revisar y comparar precios con los del DANE que obtuvo los precios en el Mercado de Bazurto, por ejemplo.
“El Distrito pagó 1kg de cereales (pudo ser arroz, pastas, maíz, avena, almidón de avena), $4.080, en el precio del DANE se encontraba en $3.700, con un diferencia en precios de $384; una libra de lentejas el Distrito las pagó en $3.900, el DANE la encontró en el mercado en $2.750, diferencia de $1.150; huevos 1 por $370 pagó el Distrito, el DANE encontró un huevo en el mercado por $300, diferencia de $70; Aceite de 250 cm3 por $1.930 pagó el Distrito, el DANE lo encontró en $1.313 con una diferencia de $617; una lata de atún al Distrito le salió en $4.600, el DANE la encontró en el mercado en $3.300, con una diferencia de $1.300″, indicó la Procuraduría.
La Procuraduría sostuvo que, si la diferencia la multiplican por el número de raciones entregadas, que según el informe de la Secretaría de Educación distrital fue de 503.573 paquetes nutricionales, el presunto sobrecosto llega a $1.823.437.833.
En el informe se expresa que, en medio de los alegatos la directora de cobertura, Alexandra Herrera, atacó la metodología y conclusiones que arrojó el informe entregado por la Procuraduría, aportó los estudios de costos y mercado que sirvieron de fundamento para la elaboración de los estudios previos del contrato. Detalló productos y las comparaciones de precios en diferentes fuentes consultadas para desvirtuar existencia del sobrecosto.
La Procuraduría logró establecer que la Secretaría de Educación fue la encargada de elaborar los estudios previos, con el propósito de contratar el programa de alimentación escolar para la vigencia 2020.
En ese momento la dependencia indicó, “se ha definido para la presente negociación un presupuesto oficial de $22.458.879.830, incluido todos los gastos en que debe incurrir el operador para el cumplimiento del objeto del contacto, el pago de costos directos e indirectos, los impuestos nacionales y distritales a que haya lugar”.
¿POR QUÉ TRES LATAS DE ATÚN POR $49.593?
Procuraduría expresó que, la Secretaría de Educación, a través de la directora de cobertura, Alexandra Herrera, fijó un valor unitario por kit alimentario de $49.593 por estudiante y lo redondearon en $50.000.
En el informe se detalla que, el número de estudiantes fueron 97.135, número de días ejecutados 87,2 días, costo total $21.001.916.210,81.
“Existe diferencia entre los precios de los productos en el mercado y los indicados en el paquete nutricional, que multiplicada por el número de raciones entregadas (503.573), lleva a concluir la existencia de un presunto sobrecosto de $1.823.437.833″.
“Se observo diferencias en la entrega de paquetes nutricionales, donde solo se entregó un componente y sin embargo se cobró el valor total, incluido el costo, utilidades e impuestos completos”, dijo el ministerio público.
Detalló, “El 25 de noviembre de 2020 se facturaron 857 atunes en lomo, (3 latas de atún para cada estudiante que tienen un valor de $4.600, las tres serían $13.800), en el monto facturado se cobró el paquete completo a $49.593 como si se hubiese entregado todos los 15 alimentos que estaban en el kit”.
“El 30 de octubre también se habrían entregado 3 latas de atún en $13.800 y se cobró el paquete alimentario completo de $49.593. El 3 de noviembre también se entregaron 3 latas de atún y se cobró el valor completo del kit”, se lee en el documento.
SOBRE EL CONTRATO
En el auto de la Procuraduría se indica que, el alcalde de Cartagena, William Dau, firmó el polémico contrato de comisión 001-2020 del 13 de marzo de 2020, para contratar la prestación del servicio de alimentación escolar consistente en la entrega diaria de complemento alimentario preparado en sitio – almuerzo y ración industrializada para estudiantes oficiales del distrito, sin tener detalles sólo porque había visto bueno y confía en su administración.
Además se señala que, el contrato fue suscrito con Miguel Quijano y CIA SA, sociedad comisionista miembro de la Bolsa Mercantil de Colombia, por un valor de $22.458.879.830, un contratista cuestionado en el Concejo de Cartagena.
Cuatro meses después, el 13 de julio de 2020 se dio una modificación y el 18 de septiembre de 2020 se generó una adición al contrato por solicitud de la supervisora del contrato que es la directora de Cobertura educativa de la Secretaría de Educación, Alexandra Herrera, por un valor de $3.399.725.000 y amplio el plazo hasta 103 días del calendario escolar hasta el 31 de diciembre de 2020.
La falta del alcalde fue calificada provisionalmente como gravísima, a título de culpa gravísima, por haber suscrito y adicionado el contrato en cuestión, no obstante que al parecer existían sobrecostos, con lo cual presuntamente se causó un detrimento al patrimonio público de $527.398.851.
La directora de Cobertura Educativa obtuvo la misma calificación provisional de falta gravísima, a título de culpa gravísima, por haber suscrito y presentado los estudios previos PAE, que determinaron el valor del contrato y su posterior adición presupuestal, pese a que al parecer se presentaban sobrecostos.
La Procuraduría concluye que, la administración no cuenta con el documento de la liquidación del contrato, “dada a las diferencias presentadas frente a la aplicación de descuentos por concepto de retenciones en la fuente realizadas por la Secretaría de Hacienda”.
