La precandidata presidencial Paloma Valencia presentó formalmente ante la Corte Constitucional una solicitud para suspender el Decreto de Emergencia Económica del Gobierno, argumentando que la medida no cumple con los requisitos constitucionales exigidos para declarar un estado de excepción.
Según Valencia, “no existe un hecho grave, sobreviniente ni intempestivo que justifique la declaratoria de un estado de excepción”. Señaló que el Ejecutivo habría usado esta figura para imponer por decreto la reforma tributaria, luego de que el Congreso hundiera la Ley de Financiamiento, que buscaba recaudar $16,3 billones para cubrir el déficit fiscal.
La candidata también advirtió que la medida tendría un impacto directo en la clase media, con aumentos de impuestos en apuestas en línea, juegos de azar, cigarrillos, dispositivos electrónicos de nicotina y bebidas alcohólicas, así como un gravamen sobre exportaciones de carbón y petróleo.
Valencia sostuvo que el decreto podría desconocer la separación de poderes y el trámite democrático previsto en la Constitución, generando consecuencias amplias más allá de los sectores de altos ingresos, como ha afirmado el Gobierno.
