El presidente de Gustavo Petro reiteró su llamado a la Corte Constitucional de Colombia para levantar la suspensión de la primera emergencia económica, advirtiendo que de cumplirse esta medida no sería necesario decretar un impuesto al patrimonio para personas jurídicas.
El pronunciamiento se dio en la tercera sesión del Consejo de Ministros, realizada en la Casa de Nariño, enfocada en la emergencia climática que afecta la región Caribe.
Alcances de la segunda emergencia económica
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, explicó que, bajo la segunda emergencia económica, social y ecológica, se implementarían las siguientes medidas:
Impuesto al patrimonio: 0,06 % para personas jurídicas con patrimonio líquido entre $10.400 millones y $31 mil millones; a partir de este monto, la tarifa sería de 1,2 %. Se excluyen pequeñas y medianas empresas.
Sistema de crédito con tasas compensadas para pequeñas empresas agropecuarias en zonas afectadas, para incrementar la producción agrícola.
Inversión forzosa para generar recursos destinados al fomento agrícola. Petro advirtió que, con la inversión forzosa anterior, la banca privada desvió recursos hacia créditos de consumo y fondos fuera del país.
Tasas de interés cercanas a cero a través de Finagro y el Banco Agrario para reactivar la producción en las zonas afectadas.
Ajustes al impuesto sobre juegos de suerte y azar en línea y nuevos alivios tributarios, que en enero permitieron a la DIAN recaudar más de $237 mil millones.
Aumento en créditos asociativos para empresas del agro de la región vía Bancoldex.
Exclusión del sector solidario y sus reservas técnicas de los decretos de emergencia.
El ministro Ávila enfatizó que el Gobierno esperará la decisión de la Corte Constitucional sobre la primera emergencia económica antes de tomar nuevas medidas mediante futuros decretos legislativos:
“Esperamos una pronta respuesta de la Corte Constitucional porque eso nos define claramente una ruta para determinar qué medidas vamos a adoptar en esta segunda emergencia económica”.
Estas medidas buscan proteger la producción agrícola y agroindustrial, fomentar la inversión en sectores productivos y reducir el impacto económico de la emergencia en los diferentes territorios del país.
