Lo que empezó como una captura que parecía contundente terminó en un fallo judicial que hoy genera molestia e interrogantes entre las víctimas y la opinión pública.
Robinson Onnier Luque Bustillo, alias El Chimu, e Israel José Chirinos Padilla, alias Chiche, fueron detenidos en el barrio Villanueva de Barranquilla tras un operativo del CTI y el Ejército. En el lugar no solo se incautó un fusil con silenciador y municiones —armas que habrían sido utilizadas en el atentado contra el gerente de la sociedad portuaria Riverport, Michael Mulford—, sino también una camisa con el logo de la compañía, lo que reforzaba la hipótesis de la planeación detallada del ataque.
El atentado ocurrió el pasado 7 de julio, cuando el ejecutivo se movilizaba en una camioneta blindada por el sector Bendición de Dios. De la maleza salieron varios hombres vestidos con chalecos de la Policía y dispararon con el objetivo de asesinarlo. El blindaje del vehículo impidió la tragedia.
Pese a este contexto, en la audiencia realizada el 12 de agosto, el Fiscal Décimo Especializado de Barranquilla, Cristian Arrieta Morales, imputó a los detenidos únicamente por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, con una pena de 9 a 12 años. Además, no se aplicó la calificación de agravado, pese a que los capturados serían presuntos integrantes de la banda delincuencial Los Pepes y habrían actuado en coparticipación criminal, condiciones que duplicarían la condena.
Incluso, durante la diligencia, alias El Chimu se dirigió al juez asegurando: “Admito los hechos si usted me concede una domiciliaria”. El comentario, que parecía un intento desesperado de negociación, terminó siendo una realidad: el fiscal solicitó medida de aseguramiento en lugar de residencia, la misma que concedió el juez 24 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, Farid West Ávila.
La decisión generó sorpresa y molestia, en especial porque ambos procesados son ciudadanos venezolanos, lo que, según las víctimas del proceso, aumenta el riesgo de fuga. Además, expertos en derecho penal señalaron que el delito correcto habría sido porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, dado que el fusil incautado corresponde a este tipo de arsenal.
No es la primera vez que el fiscal Arrieta Morales queda en el ojo del huracán. Casos anteriores, como el del empresario Alfredo Salomón Calvano, han dejado la sensación de una cuestionable interpretación de la ley. En ese proceso, el mismo fiscal solicitó la absolución de Luis Guillermo Luna Pérez, señalado de disparar contra Salomón y asesinar a uno de sus empleados en 2021.
Por ahora, el caso del atentado contra el gerente de Riverport no solo deja dudas sobre la seguridad empresarial en Barranquilla, sino también sobre la manera en que se están judicializando hechos de esta magnitud.
