El ente acusador señaló que el hijo del presidente habría intervenido para ubicar aliados políticos en varios ministerios y entidades del Estado.
La Fiscalía General de la Nación reiteró este lunes los señalamientos en contra de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por su presunta participación en un entramado de tráfico de influencias y apropiación de recursos públicos, durante la audiencia de nueva imputación de cargos ante el Juzgado 14 Penal Municipal de control de garantías de Barranquilla.
a gestionado puestos de trabajo en entidades del Gobierno Nacional, aprovechando su cercanía con altos funcionarios del Ejecutivo. Entre ellos, mencionó reuniones con Alfonso Prada, entonces ministro del Interior, para la entrega de al menos diez cargos públicos.
Según el ente acusador, de esos cupos, tres fueron asignados a aliados políticos de Petro Burgos en el municipio de Ciénaga, uno a su madre, Katia Burgos, otro a su entonces esposa Daysuris Vásquez, y cinco más en Barranquilla para su propio beneficio.
La Fiscalía también aseguró que Nicolás Petro solicitó la hoja de vida de Laura Ojeda Estupiñán —quien era amiga de Vásquez y hoy es su pareja— para ubicarla en un puesto dentro del Ministerio del Interior o la Defensoría del Pueblo.
Además, el exdiputado se habría reunido en 2022 con el exministro de Transporte, Guillermo Reyes, y con el entonces director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, para intentar influir en nombramientos en esas entidades, incluyendo las direcciones seccionales de Barranquilla y Cartagena.
Peculado y contratos direccionados
El ente acusador también le imputó a Nicolás Petro los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público y privado, y falso testimonio.
Según la investigación, Petro Burgos se habría apropiado de al menos 511 millones de pesos provenientes de contratos de la Gobernación del Atlántico, destinados a la atención de adultos mayores a través de la Fundación Conciencia Social, de la cual era beneficiario.
La Fiscalía explicó que de un anticipo de 200 millones de pesos, 120 habrían quedado en manos de Nicolás Petro y Daysuris Vásquez, mientras que otros 40 millones fueron presuntamente entregados al representante legal de la fundación, Gustavo de la Ossa, y una suma similar a otro funcionario implicado en el direccionamiento de los contratos.
Asimismo, el ente acusador señaló que se manipulaban las nóminas: se registraban pagos completos a empleados, pero se les entregaba menos dinero del reportado para quedarse con la diferencia.
Audiencia suspendida
La defensa del exdiputado pidió a la Fiscalía precisar algunos tecnicismos sobre los delitos imputados, lo que llevó al juez a suspender la diligencia y reprogramarla para el próximo 12 de noviembre a las 2:00 p.m.
Ese día, una vez aclaradas las observaciones, el juez de control de garantías le preguntará a Nicolás Petro si acepta o no los cargos formulados por la Fiscalía.
