Montaban ingresos inflados, fabricaban empleos y vendían promesas de turismo en Norteamérica. Tres personas fueron judicializadas por maquillar la realidad de los solicitantes.
Barranquilla vuelve a estar en la mira judicial, esta vez por ser el epicentro de una red que, según la Fiscalía, ofrecía paquetes exprés para obtener visas estadounidenses con base en mentiras cuidadosamente maquilladas.
Por 800.000 pesos, los solicitantes recibían más que asesoría: se les creaban certificados de ingresos irreales, cartas laborales de empresas fantasmas y extractos bancarios falsificados, todo con el fin de superar los estrictos filtros consulares de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.
Tres de los judicializados. Foto:Cortesía
Según reveló este lunes festivo la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, el esquema fue liderado por tres personas ya judicializadas:
Luis César Suárez Badillo, presunto coordinador logístico;
Ella Marina Ramírez Aguilar, quien recolectaba la documentación de los clientes;
Silvia Marcela Murcia Barragán, señalada de manipular los datos económicos para hacerlos “visablemente solventes”.
Las investigaciones, que se remontan a cinco casos documentados entre 2023 y 2024, destapan una operación bien aceitada que vendía “visas seguras” a ciudadanos del Atlántico, sin importar su situación real.
El negocio —promocionado de boca en boca— ofrecía garantías de éxito, pero operaba sobre una base frágil: documentos falsos y engaños directos a la Embajada de EE. UU. Hoy, el espejismo se vino abajo con el accionar judicial.
La Fiscalía continúa indagando si hay más personas involucradas y advierte a los ciudadanos que los fraudes migratorios, además de ilegales, pueden acarrear vetos permanentes para ingresar a territorio estadounidense.
En la audiencia de control de garantías, la fiscal del caso subrayó que la conducta excede el simple fraude documental: “Aquí se vulnera la seguridad migratoria de un país y se facilita la salida irregular de colombianos, configurando tráfico de migrantes”.
Lo anterior permitió al juez avalar la imputación de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes. Suárez Badillo, Ramírez Aguilar y Murcia Barragán no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía y recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.
Para la Fiscalía, se trata de una modalidad en expansión que aprovecha la alta demanda de visas y la falsa creencia de que los consulados solo verifican información de manera superficial. “No es un delito menor: cada formulario adulterado pone en entredicho la confianza entre Estados y compromete la seguridad internacional”
