Un proyecto de decreto con fuerza de ley publicado por la Presidencia de la República desató un intenso debate político, luego de plantear un nuevo esquema para la participación de las comunidades indígenas en la gestión de recursos destinados a la atención del riesgo de desastres.
La iniciativa propone que los cabildos indígenas participen en el diseño de los lineamientos para la asignación de parte de los recursos administrados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Además, contempla que la distribución de estos recursos se realice bajo principios como la autonomía, el control comunitario, la pertinencia cultural y la sostenibilidad.
El nombramiento de Ana María Vesga como Ministra de Salud es una gran noticia para Colombia. Los gremios médicos y científicos de la salud la reciben con satisfacción, porque saben que es alguien idóneo, preparado y moralmente intachable para rescatar un sector que este gobierno… https://t.co/wXpY58kzKH
— Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) July 31, 2026
Uno de los puntos que ha generado mayor controversia es la posibilidad de que los cabildos puedan ejecutar directamente recursos para atender situaciones de desastre mediante un régimen de derecho privado, mecanismo que ha despertado cuestionamientos por parte de sectores de la oposición, que advierten sobre eventuales riesgos para la transparencia y el control de los recursos públicos.
Los críticos de la propuesta sostienen que este modelo podría facilitar procesos de contratación sin los mecanismos ordinarios de licitación y recuerdan los escándalos de corrupción que afectaron a la UNGRD en años recientes, por lo que han pedido mayores garantías de vigilancia y control fiscal.
También cuestionan que la iniciativa haya sido presentada en la recta final del mandato del presidente Gustavo Petro, señalando que, de aprobarse, tendría fuerza de ley con fundamento en el artículo 56 transitorio de la Constitución, lo que le otorgaría un alcance especial.
Hasta el momento, el Gobierno Nacional ha defendido la propuesta como un mecanismo para fortalecer la autonomía de los pueblos indígenas y mejorar la respuesta institucional frente a emergencias en sus territorios. Entretanto, el proyecto continúa generando reacciones entre distintos sectores políticos y sociales, que reclaman un amplio debate sobre sus implicaciones jurídicas, administrativas y fiscales.
