Los abogados de la familia deEdwin Arrieta en Tailandia presentaron una solicitud de indemnización de 30 millones de bats (unos 760.000 euros) ante el tribunal de Samui, donde tiene lugar el juicio contra el español Daniel Sancho por el supuesto asesinato del cirujano colombiano.
Los abogados de la coacusación tailandeses, Mettapon Suwancarern y Lak Wanin, explicaron que se trata de una cantidad calculada en relación al perjuicio económico que la muerte de Arrieta ha supuesto a sus padres, que dependían de él.
La solicitud, que ya se hizo en la primera sesión del juicio el pasado 9 de abril, se volvió a presentar hoy con la documentación traducida solicitada por el juez antes de que se cierre el plazo de las acusaciones el próximo martes.
La cantidad estimada como indemnización por parte de los letrados tailandeses supone casi el doble del cálculo hecho por el despacho Ospina Abogados, que representa a los Arrieta en España y que la cifró en 410.000 euros (unos 16 millones de bats).
Los abogados tailandeses reconocieron que se había incrementado la cantidad ante la posibilidad de que ésta fuera contestada por la defensa y reducida por el juez.
En este sentido, Juan Gonzalo Ospina indicó que la familia mantiene la reclamación de la cantidad inicial revelada en marzo, que ha sido calculada teniendo en cuenta las pérdidas y gastos que la muerte del cirujano, de 44 años, había supuesto a su entorno.
Ospina consideró también que el cálculo de los abogados en Tailandia, que actúan como coacusación junto a la Fiscalía, es “hipotético” ya queSanchoes insolvente y no tiene intención de indemnizar.
En este sentido, el letrado español dijo que lo que la familia quiere es que se haga “justicia”.
El abogado de oficio de Sancho, Apirchat Srinual, indicó, por su parte, que la defensa tiene todavía que estudiar la solicitud y decidir si la rebate.
Los padres de Arrieta, Ana Marcela Arteaga y Leovaldo José Arrieta, de 76 años y quienes no testificarán ya que el juez denegó su petición de que lo hiciesen por videoconferencia, recibían unos 900 euros al mes para sus gastos por parte de su hijo, y “desde su fallecimiento han quedado en situación de pobreza”, según la reclamación de la familia, a la que tuvo acceso.
El español, de 29 años, confesó inicialmente el crimen en la comisaría, si bien después se declaró no culpable y mantiene que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea.
