Este domingo, más de 15,4 millones de ciudadanos chilenos salieron a las urnas para decidir el destino de una segunda propuesta de Constitución.
A pesar de la obligatoriedad del voto, se anticipa una participación más baja que en plebiscitos anteriores, revelando un marcado desinterés y descontento electoral.
La propuesta, detallada en 17 capítulos y 216 artículos, ha sido objeto de intensos debates y divisiones políticas, generando controversias particularmente en torno a cuestiones cruciales como el derecho a la vida, la migración y la exención tributaria. La falta de consenso ha dejado entrever fisuras en el tejido político chileno.
Las encuestas, hasta el momento, apuntan hacia un posible rechazo mayoritario del texto constitucional. Sin embargo, la incertidumbre persiste y se ve amplificada por un reciente escándalo de corrupción que ha sacudido la esfera política del país. Este inesperado giro ha sembrado dudas sobre cómo impactará en la decisión final de los votantes, añadiendo un elemento impredecible a un proceso ya cargado de tensiones.
Chile se encuentra en vilo, observando con atención cada voto emitido, mientras la nación enfrenta uno de los momentos más cruciales en su camino hacia una nueva constitución.
Jornada sin incidentes
La jornada de votación transcurrió con normalidad y, aunque el sufragio es obligatorio, se cree que la participación será menor al 85 % registrado en el plebiscito del año pasado.
Según datos oficiales, más de 242.000 personas presentaron sus excusas para no ir a votar y evitar una multa, el doble que el año pasado.
Si finalmente se rechaza el texto, seguirá vigente la actual Constitución y se cerrará -al menos durante el mandato presidencial de Gabriel Boric, que concluye en marzo de 2026- el debate constitucional iniciado tras el estallido social de 2019, la mayor ola de protestas desde el retorno a la democracia, en 1990.
