Una lista preliminar de unos 60 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y familiares que podrían ser sancionados en las primeras medidas tras las elecciones presidenciales de julio en el país. La lista propuesta figuran funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo y la policía de contrainteligencia militar, señalados de contribuir a la crisis política.
Según fuentes allegadas al alto Gobierno estadounidense, las sanciones impondrían prohibiciones de viaje a los funcionarios y familiares afectados, y prohibirían los negocios entre ellos y cualquier entidad estadounidense.
El borrador de la lista de sanciones fue presentado en los últimos días por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al Departamento de Estado, pero no es definitivo y el número de personas que podrían ser sancionadas está sujeto a cambios, dijeron los informantes.
No quedó claro de inmediato cuándo se anunciarían las medidas y si podrían ser acompañadas por sanciones sectoriales.
El Departamento de Estado de Estados Unidos declinó hacer comentarios. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela no respondieron a solicitudes de comentarios.
El subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo el martes en la red social X que Washington «responsabilizará a quienes permitan el fraude electoral y la represión».
El CNE proclamó al presidente en ejercicio, Nicolás Maduro, como ganador de las elecciones del 28 de julio sin revelar un recuento completo de votos. El Tribunal Supremo de Venezuela comenzó este mes una auditoría de votos que, según los expertos y observadores electorales, es poco probable que contradiga al gobierno.
Washington y otras naciones han desafiado la afirmación de Maduro de una victoria electoral. El candidato rival, Edmundo González, también se adjudicó la victoria tras recaudar más de 80 % de las actas de votación que fueron publicadas por la oposición y muestran una victoria contundente para él, con un apoyo de alrededor del 67 %.
Naciones vecinas a Venezuela, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos han intensificado los pedidos de que se publiquen los resultados completos. Sin embargo, hasta ahora han mostrado pocas señales de acción dura sobre lo que varios condenaron como fraude electoral.
Altos funcionarios estadounidenses han dicho que la manipulación electoral despojó a la afirmación de victoria de Maduro de «cualquier credibilidad», y dejó la puerta abierta a nuevas sanciones.
«En coordinación con nuestros socios, estamos considerando una serie de opciones para incentivar y presionar a Maduro para que reconozca los resultados de las elecciones», dijo a Reuters un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos la semana pasada.
Estados Unidos también está «muy preocupado por la represión arbitraria y la detención indiscriminada de partidarios de la oposición por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas», agregó el portavoz.
Las opciones de Washington para imponer sanciones son limitadas cinco años después de que anunció por primera vez las medidas más severas hasta el momento, tras la primera reelección no reconocida de Maduro, que han afectado desde entonces al sector petrolero del país miembro de la OPEP.
En abril, el Departamento del Tesoro decidió no renovar una amplia licencia que había otorgado temporalmente a Venezuela para exportar libremente su petróleo. En cambio, Estados Unidos emitió licencias individuales a algunas empresas energéticas.
Muchos funcionarios venezolanos clave, incluido el jefe del CNE, Elvis Amoroso, ya han sido sancionados por Washington.
