La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela afirmó este martes que ve motivos razonables para creer que el Gobierno de Nicolás Maduro cometió “crímenes de lesa humanidad” antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, marcadas por la persecución de opositores y la represión de las protestas tras los comicios.
En un informe de 158 páginas que abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024 la misión acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género.
Las fuerzas de seguridad estuvieron “involucradas masivamente” en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes, indica el documento, señalando como responsables a los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.
También asegura que “las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia”.
Otras instituciones señaladas en el informe son el Consejo Nacional Electoral, que “incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad”, la Asamblea Nacional, “instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático”, o el sistema de justicia, que “siguió operando con falta de independencia”.
