La crisis financiera que presenta la Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena llevó a la Procuraduría a iniciar investigación disciplinaria, al parecer, por malos manejos de los recursos en contra del gerente, Eduardo Enrique Sayas Contreras.
Según el Ministerio Público, desde hace varios meses, afiliados y trabajadores se vienen quejando de la deficiente prestación de los servicios de salud, lo que ha originado la deserción de muchos de ellos a otras EPS.
Un informe de la Junta Directiva de la Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena, del 18 de noviembre de 2022, y que forma parte de algunos documentos recopilados por el ente de control, evidencia los problemas presupuestales al señalar que “el monto de los ingresos es insuficiente para garantizar la prestación de los servicios de salud, por cuanto no existe sostenibilidad ni razones financieras que permitan asumir una adecuada y continua prestación de servicios”.
La difícil situación de la Caja de Previsión se agudiza con el embargo del único inmueble activo que posee, “lo que se traduce en una inviabilidad e insostenibilidad financiera e insolvencia”.
La cosa se le complica a Sayas Contreras pues, al parecer, dejó de pagar los aportes de salud, pensión y salariales de los trabajadores desde el año 2018 al 2023.
Los preocupantes hechos, las quejas, los reclamos allegados a la Procuraduría Regional de Bolívar fueron razones, no solo para entablar acciones disciplinarias administrativas, sino también para propiciar mesas de trabajo en aras de buscar una salida que garantice los derechos de afiliados y trabajadores.
