En medio de la controversia en torno a la licitación y prestación del servicio de elaboración de pasaportes en Colombia, la Contraloría ha emitido una resolución advirtiendo que la Cancillería no cumplió con los requisitos necesarios al declarar la urgencia manifiesta para otorgar un contrato a Thomas Greg & Sons.
La declaración de urgencia manifiesta, realizada el 14 de septiembre por el canciller cuando quedaban menos de 20 días para la expiración del contrato con Thomas Greg & Sons, permitió a la Cancillería contratar directamente a esta empresa y evitar una crisis en el servicio.
La Contraloría, a través de una resolución fechada el 13 de diciembre, señaló que la Cancillería no cumplió con las normas en el marco de la declaratoria de urgencia manifiesta. La resolución destaca que el Ministerio de Relaciones Exteriores no remitió inmediatamente el expediente de Urgencia Manifiesta al organismo encargado del control fiscal, incumpliendo así la exigencia legal.
La Contraloría ha trasladado este hecho al Director de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, así como a la Procuraduría, para que tomen las acciones correspondientes ante esta posible irregularidad.
La resolución concluye indicando que contra esta decisión procede el recurso de reposición, de acuerdo con el artículo 77 de la Ley 80 de 1993, el cual puede ser interpuesto ante este despacho en los próximos 10 días. La situación añade más tensiones al ya controvertido proceso de licitación, que ahora se ve envuelto en cuestionamientos legales.
