El ente de control viene advirtiendo serias irregularidades relacionadas en estas obras fundamentales para la ciudad, relacionadas con la falta de transparencia en torno a la estructuración del proyecto, su contratación y ejecución.
Como parte de la vigilancia y control que ha realizado la Procuraduría General de la Nación en la salvaguarda de la infraestructura turística, el medio ambiente y el bienestar de los trabajadores de las playas de Cartagena, el ente de control advirtió que, tras las evidencias recopiladas, se está analizando la posibilidad de iniciar actuaciones disciplinarias, por las obras del Proyecto de Protección Costera.
De acuerdo con el Ministerio Público, este proyecto que inició en diciembre de 2021 y cuenta con dos fases que comprenden la construcción de espolones, escolleras, relleno hidráulico con material arenoso y construcción de rompeolas, cuenta con serias “irregularidades relacionadas con la falta de transparencia en torno a la estructuración del proyecto, su contratación y ejecución”.
Las evidencias de la Procuraduría
De acuerdo con el ente de control, conforme a los documentos recaudados en fase preventiva, se identificó una posible desfinanciación; así mismo, se estudian presuntas falencias en la planeación relacionadas con el Plan de Manejo Arqueológico (PMA) en relación con la operatividad y sostenibilidad, así como los costos asociados al Proyecto.
También se identificó que, luego de las mesas de trabajo con los carperos y las asociaciones, los recursos para la compensación económica con los actores de playa se encuentran igualmente desfinanciada.
Este proyecto en el Litoral del Distrito de Cartagena contenido en el CONPES 3937 de 2018, tiene un valor total de más $185 mil millones ejecutado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); recursos del Sistema General de Regalías por valor de $21 mil 244 millones para financiar la fase II y recursos de la Alcaldía y de la Nación, por $ 163 mil 299 millones para el financiamiento de la fase I.
La Procuraduría recordó que, para medir la utilidad y funcionalidad de este proyecto de inversión pública y de impacto para el país, “se requiere la puesta en marcha del sistema en su totalidad, de lo contrario, y debido a que fue previsto como una articulación de obras para detener la erosión, no funcionarán según lo indicado el diseñador, la DIMAR y SISCO”.
Finalmente, evidenció con preocupación que, el proyecto “no cuenta con un cronograma o plan operativo global del proyecto de acuerdo con el proceso constructivo de las obras que incluye el macroproyecto, los tiempos contractuales que permitan establecer la apertura y cierre de las playas y el inicio y fin de la construcción del total de las obras de protección”.
