Una demanda interpuesta por la Procuraduría logró salvaguardar el patrimonio público luego que el Tribunal Administrativo de Valledupar ratificara y ordenara la ejecución y terminación de una planta de tratamiento de frutas en el corregimiento La Mina, de Valledupar.
El proyecto, iniciado en 2018, fue acordado entre la alcaldía de Valledupar y el Cabildo indígena Kankuamo, en la que la primera aportó $416’667.772 y la construcción, y el segundo, lo dotaría con maquinaria y equipos industriales, y sin embargo la obra quedó plagada de maleza y sin funcionar.
El Ministerio Público, al vigilar el proyecto e identificar las irregularidades, ejerció una acción popular en la que demandó a la alcaldía y a los representantes de la comunidad indígena por “vulnerar los derechos colectivos al patrimonio público y la moralidad administrativa”.
Adelantado el proceso, el Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar, acogió los argumentos presentados por los procuradores judiciales de asuntos administrativos Andy Ibarra y Jesús Rodríguez, ante el inminente riesgo de la pérdida de los recursos públicos invertidos en la obra, fallo que fue ratificado por el Tribunal Administrativo del Cesar.
El fallo judicial ordenó, además, que el alcalde de Valledupar, Mello Castro González, junto con el gobernador de los Kankuamo, coordinen medidas para poner en marcha la “Planta de Procesamiento de Frutales del Centro Tecnológico de Frutas y Verduras del corregimiento La Mina”, en un tiempo perentorio y con la apropiación de los recursos requeridos para su funcionamiento.
