La Procuraduría General de la Nación solicitó a los ministerios del Interior y de Defensa, información sobre los hechos que tuvieron lugar entre miembros del Batallón de Infantería de Marina No. 50 y algunos integrantes de la comunidad indígena Minitas – Mirolindo, en Barrancominas, Guainía.
Según la denuncia, cuando los pescadores y cazadores de la comunidad regresaban al resguardo con los alimentos recogidos, luego de sus tradicionales actividades de subsistencia, fueron interceptados y judicializados por integrantes de la Armada Nacional, un hecho interpretado por las autoridades ancestrales como un acto de persecución y atropello, en contravía de sus derechos territoriales, culturales y colectivos.
En tal sentido, la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos solicitó a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías del Ministerio del Interior evaluar la posibilidad de propiciar un espacio de diálogo, escucha y construcción de soluciones entre la comunidad afectada y el Batallón de la Armada.
Al Ministerio de Defensa le pidió un informe sobre los hechos referidos, las acciones institucionales adoptadas y las medidas de relacionamiento desarrolladas con las autoridades del resguardo Minitas – Mirolindo.
Por último, el ente de control requirió a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonía reportar las medidas ambientales vigentes sobre el resguardo, así como las estrategias de relacionamiento establecidas con sus autoridades indígenas para armonizar la gestión ambiental con los usos tradicionales de los recursos naturales.
Esta actuación se desarrolla en el marco de la política preventiva para los pueblos étnicos que busca promover una cultura fundada en principios y acciones que conlleven al reconocimiento, protección y promoción de los derechos individuales y colectivos de las comunidades indígenas.
