Víctimas del caso exigen que el exdirector del Dapre enfrente la medida de aseguramiento en los estrados, tras ser imputado por lavado de activos, peculado y cohecho.
Carlos Ramón González, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y ahora imputado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), tiene pendiente una audiencia de medida de aseguramiento en la que la Fiscalía solicitará que lo envíen a una cárcel. Las víctimas en este escándalo le piden al Tribunal de Bogotá que la audiencia se realice de manera presencial.
Hasta el momento, nadie sabe dónde se encuentra Carlos Ramón González. Se conoció detalles de una supuesta “protección” que le brindó un gobierno internacional; sin embargo, su paradero es su propio secreto. El asunto llama la atención, justamente, cuando la audiencia que está por debatirse es una medida de aseguramiento.
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“Hubo un problema de conectividad en el día de hoy, 21 de mayo, audiencia de imputación, al punto que no se me permitió la conexión e incluso reiteradamente se me impidió y rechazó el ingreso, como lo informé en los correos electrónicos y evidencia fotográfica que como tal adjunté”, dijo el abogado Pablo Bustos mientras hizo la solicitud de la ausencia presencial.
Lo que resulta un poco complejo de entender es cómo, luego de la solicitud de la Fiscalía de una medida de aseguramiento en centro carcelario y de ser avalada por el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, la harán efectiva si nadie sabe dónde se encuentra Carlos Ramón González. Es una razón más para insistir en la audiencia presencial.
“La Corte Suprema de Justicia, sala de instrucción, ha realizado la audiencia presidencial y la apelación de aprobación, de audiencia posterior de búsqueda selectiva de base de datos contra el mismo imputado Carlos Ramón González, y lo más importante, para materializar la eventual captura del procesado de manera inmediata, toda vez que se atribuye que está fuera del país, en un trámite de amparo internacional”, dijo el abogado Bustos.
La audiencia para la solicitud de una medida de aseguramiento se fijó para el próximo 6 de junio. Allí la Fiscalía presentará todos los elementos de prueba para demostrar la necesidad de restringir la libertad de Carlos Ramón González. Se trata de evidencia que advierte cómo representa un peligro para la sociedad y podría existir un riesgo de fuga.
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“Como director ejecutivo, le aseguró una importante alianza con el movimiento progresista del entonces alcalde y hoy presidente de la República, Gustavo Francisco Petro; su integración con otros líderes políticos importantes como Claudia López y el exalcalde Jorge Iván Ospina, asegurando la consideración de su poder político”, explicó la Fiscalía.
La Fiscalía imputó los delitos de lavado de activos, cohecho y peculado, cargos que Carlos Ramón González no aceptó y advirtió que se trataban de calumnias en su contra. El ente acusador reveló en detalle cuál sería su participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD y cómo, desde su posición, impartió órdenes para entregar los contratos que servirían para sacar los sobornos destinados a congresistas.
