La Fundación para el Estado de Derecho (Fede) cuestiona la orden presidencial que obliga a destinar más del 30 % de la publicidad estatal a medios alternativos.
El Consejo de Estado admitió la demanda que la Fundación para el Estado de Derecho (Fede) interpuso contra la Directiva Presidencial 11 de 2024, que obligó a destinar el 33,3 % de pauta oficial a medios alternativos, comunitarios y nuevas tecnologías.
Dicha orden estipuló que, a partir de 2025, las entidades públicas de nivel central y descentralizadas del orden nacional deben destinar dicho porcentaje de su presupuesto de comunicaciones contratando con medios comunitarios, alternativos y digitales.
Por eso, la demanda expone que la directiva presidencial vulnera la reserva de ley y desconoce principios como selección objetiva, autonomía, planeación contractual y restringe la libre competencia.
“Imponer un porcentaje fijo para contratar con determinados medios desconoce lo establecido por la ley en materia de publicidad oficial, que exige que esta se utilice para cumplir las finalidades institucionales, pero no fija un monto específico ni menciona este tipo de medios”, manifiesta Fede.
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Los accionantes también consideraron que la directriz afectó derechos fundamentales como el “acceso a la información”, teniendo en cuenta que la orden presidencial fijo cuáles son los medios a los que se le debe entregar la pauta.
Desde la Fundación se explicó: “También se analizará la falta de claridad jurídica sobre los llamados ‘medios alternativos’, cuya definición, según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), no se encuentra expresamente contenida en el ordenamiento legal vigente”.
“El fortalecimiento de la pluralidad informativa debe hacerse respetando las reglas del juego. Las entidades estatales deben contratar según principios de legalidad, transparencia y selección objetiva, y no mediante imposiciones que distorsionan el uso del presupuesto público”, afirmó Andrés Caro, director de la Fundación.
El alto tribunal ahora deberá definir el futuro de la resolución, que se expidió en noviembre de 2024 a ministerios, departamentos administrativos y varias entidades, para pautar con medios comunitarios y alternativos.
