El Gobierno de Estados Unidos revocó la exención de impuestos para los diplomáticos acreditados en ese país.
Hace cuatro días, el Departamento de Estado envió una nota diplomática a la Embajada de Colombia en Washington comunicándole que los funcionarios diplomáticos y consulares acreditados en Estados Unidos no gozarán más del privilegio de exención de impuestos en su territorio.
Hasta ahora, el embajador, los funcionarios de rango diplomático y los cónsules no tenían que pagar impuestos sobre sus compras, el pago de servicios en Estados Unidos y, además, podían importar bienes personales libres de gravámenes y derechos.
En Estados Unidos, el impuesto sobre las ventas va del 6 al 12 por ciento, dependiendo del estado. Por ejemplo, en Nueva York es del 8.75 por ciento, en Washington es del 10.75 por ciento y en Miami del 7 por ciento.
La exención de ese impuesto para los funcionarios diplomáticos y consulares representa un ahorro importante para ellos y sus familias, del que han gozado históricamente. Esto, además de la exención de impuestos de importación para bienes personales.
Cada funcionario o familiar elegible para la exención recibe una tarjeta de la OFM (la Oficina de Misiones Extranjeras) del Departamento de Estado. Esa tarjeta debe presentarla en el momento de la compra, desde un carro hasta la cuenta en un restaurante, e inmediatamente el comerciante sabe que le debe descontar del precio la parte correspondiente a impuestos.
Ese privilegio está basado en la Convención de Viena, que regula las relaciones internacionales y su ejercicio solo exige una condición: la reciprocidad.
Teóricamente esa reciprocidad existe en Colombia desde hace años. La última reglamentación al respecto está en un decreto de 2014 que en su artículo primero establece:
- “Exención del impuesto sobre las ventas y del impuesto nacional al consumo a diplomáticos, organismos internacionales y misiones diplomáticas y consulares. Las Misiones Diplomáticas y Consulares, los Organismos Internacionales y las Misiones de Cooperación y Asistencia Técnica, gozarán de la exención del Impuesto sobre las Ventas y del Impuesto Nacional al Consumo en Colombia de conformidad con lo dispuesto en los tratados, convenios, convenciones o acuerdos internacionales vigentes que hayan sido incorporados a la legislación interna, y a falta de estos con base en la más estricta reciprocidad internacional”.
Pero, como suele pasar en Colombia, la ley se obedece, pero no se cumple.
La norma se ha llenado de requisitos adicionales, lo que en Estados Unidos se conoce como “red tape”, trabas burocráticas y que consiste en llenar planillas, presentar recibos adicionales, someterlo a aprobaciones posteriores.
En fin, lo que los colombianos sabemos: “el sellito”, “la fotocopia del documento ampliado al 150”, “que esta semana no le alcanzo a salir”, “que llame el martes”.
Así es que los diplomáticos estadounidenses establecidos en Colombia, y quizás no solo los estadounidenses sino los de todos los países, tienen que pagar en cada compra el impuesto del que están exentos según la ley y luego vivir una pesadilla burocrática para que les devuelvan la plata.
Por esa razón, el 30 de abril, hace un mes largo, el Departamento de Estado le pidió al Gobierno de Colombia simplificar los trámites de desgravación fiscal para los funcionarios diplomáticos y consulares de Estados Unidos acreditados en Colombia.
¿Y adivinen qué? 33 días después, no hay respuesta alguna de la Dian.
Alguien en la Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia puso la petición del Departamento de Estado en su cajoncito de pendientes y se olvidó de responderle al Tío Sam.
Como Estados Unidos sí tiene buena memoria, el lunes pasado la Oficina de Misiones Extranjeras (OFM) anunció que revocará los privilegios de exención de impuestos a todos los funcionarios diplomáticos y consulares colombianos asentados en Estados Unidos y así se lo comunicó al Gobierno de Colombia, a través de su Embajada en Washington.
La nota diplomática anuncia que, a partir del 16 de junio, es decir de la segunda quincena de este mes, “se acabó lo que se daba” y los funcionarios colombianos tendrán que pagar los impuestos completos en Estados Unidos, como cualquier otro mortal.
El Departamento de Estado también solicita en la nota que todos los diplomáticos colombianos, del embajador Daniel García Peña para abajo, devuelvan antes de esa fecha, 16 de junio, sus tarjetas de exención de impuestos que serán desactivadas.
La nota diplomática se puede ver a continuación:
