El nuevo jefe de la cartera de Justicia asegura que el actual modelo constitucional limita los cambios que necesita el país, y propone una Asamblea impulsada desde la ciudadanía.
En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el designado ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, confirmó que el Gobierno del presidente Gustavo Petro tiene la intención seria de promover una Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de rediseñar el marco constitucional vigente desde 1991. La afirmación se produce después de que el propio presidente mencionara en un discurso reciente la necesidad de una constituyente, lo cual ha encendido el debate político y jurídico nacional.
“Hay instituciones de la Constitución del 91 que hoy son un obstáculo para el cambio social”
Montealegre fue enfático al señalar que la actual Constitución, tras más de tres décadas de vigencia, ha demostrado limitaciones estructurales: “Yo creo que después de 30 años de experiencia, ya nos ha demostrado que hay instituciones en la Constitución del 91 que se están convirtiendo en un obstáculo para el cambio social y que necesitan un rediseño profundo”, afirmó el ministro designado.
El jurista, quien presidió la Corte Constitucional, recordó que en su momento defendió los límites a la reforma constitucional para evitar lo que calificó como intentos de “destazar” la Carta Política por parte de expresidentes como Álvaro Uribe. Sin embargo, hoy considera que el panorama es distinto y que los canales existentes no permiten modificaciones de fondo.
Una Constituyente de iniciativa popular: el modelo propuesto
Durante la entrevista, Montealegre detalló que la propuesta presidencial no se trata de una maniobra institucional súbita, sino de un proceso social y jurídico sustentado en la participación ciudadana:”El presidente habló, volvió y ya específicamente dijo: necesitamos una constituyente… pero de iniciativa popular”, explicó. “Eso tiene consecuencias jurídicas muy importantes”, recalcó.
Según el exmagistrado, la Constitución contempla mecanismos de iniciativa legislativa por parte de la ciudadanía, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales establecidos. Para Montealegre, esta vía se asemeja al proceso que dio origen a la propia Carta del 91.
Críticas a la supuesta “jugadita”: ¿es realmente popular una iniciativa promovida por el Gobierno?
Ante las críticas de que el proceso sería en realidad una maniobra gubernamental disfrazada de participación ciudadana, Montealegre defendió la legitimidad del proyecto:
“Disiento de lo que usted está diciendo, Néstor. No se trata de una jugadita. Se está utilizando un mecanismo que la Constitución permite, y que debe pasar por el filtro popular.”
No obstante, la entrevista no logró disipar del todo las dudas sobre si un llamado del Ejecutivo puede considerarse realmente una “iniciativa popular”. En este sentido, el debate apenas comienza.
