Manuel José Cepeda advierte que el decreto presidencial representa un intento de vulnerar el orden constitucional.
En las últimas horas así lo dejó conocer el expresidente de la Corte Constitucional y reconocido jurista Manuel José Cepeda lanzó duras críticas contra el denominado “decretazo” del presidente Gustavo Petro, que busca convocar una consulta popular pese al concepto desfavorable del Senado.
Según Cepeda, esta decisión del Ejecutivo constituye un intento inédito de romper el orden constitucional.
“El proceso de la Asamblea Constituyente no se hizo contra nadie; el del decretazo de Petro es casi que contra todos. En resumen, el decreto se concibe a sí mismo como una aplanadora que pasa por encima de todo, sin oír a nadie que piense distinto para llegar a las metas de un gobierno, saliéndose de la carretera”, afirmó.
Cepeda fue enfático al señalar que lo que está en juego no es una simple diferencia de interpretación, sino la estructura misma del Estado de derecho: “Es la primera vez que, desde un gobierno y a sabiendas, se intenta generar un rompimiento del orden constitucional, y se esgrimen argumentos para justificarlo”, alertó.
Uno de los puntos más polémicos ha sido la afirmación del exfiscal y actual ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien sostiene que el presidente tiene funciones de “control difuso de constitucionalidad”, algo que Cepeda rechazó.
“¿Puede el Ejecutivo volverse el juez del Congreso en cuanto al procedimiento legislativo? Ese es un tema crucial. Si se dice que sí, el presidente podría inaplicar leyes o decisiones del Congreso, alegando vicios de procedimiento, lo cual no es su competencia”, precisó.
Por otra parte, Cepeda recordó que la Constitución es clara frente a la negativa del Senado a emitir un concepto favorable para la consulta: “Para poder convocar una consulta popular se requiere concepto previo favorable del Senado. Si no lo hay, el Ejecutivo no tiene competencia para convocarla”, indicó.
El jurista también explicó que el intento del Gobierno de justificar la convocatoria mediante una supuesta “excepción de inconstitucionalidad” del concepto desfavorable no resuelve lo esencial: “El punto central es si hubo o no concepto favorable del Senado, como exige el artículo 104 de la Constitución. Y no lo hubo”, señaló-
En este sentido, afirmó que el decreto representa un “error gravísimo” al no contar con este requisito del Senado: “Se fue por otro lado, se fue por la excepción cuando lo esencial es mostrar que hubo un concepto favorable del Senado”, puntualizó.
Respecto al papel del registrador nacional, quien aún no ha confirmado si ejecutará el decreto, Cepeda dijo que se encuentra en una posición extremadamente difícil, presionado por el Gobierno con amenazas de prevaricato.
Sin embargo, indicó que “el registrador podría aplicar la excepción de inconstitucionalidad en defensa de la Carta Política. Entre un decreto que viola la Constitución y el artículo 104, debe aplicar el artículo 104”.
Finalmente, Cepeda advirtió que el intento del Ejecutivo de remitir el decreto directamente a la Corte Constitucional, dejando por fuera al Consejo de Estado, busca generar una confusión jurídica que permita que la consulta se lleve a cabo sin el pronunciamiento previo de los jueces.
“Se trata de provocar un vacío para llegar al 7 de agosto con los hechos consumados, pero eso sería actuar por fuera de la Constitución”, concluyó.
