La realización de la consulta popular propuesta por el Gobierno Nacional quedó en vilo este lunes, luego de que el registrador nacional, Hernán Penagos, anunciara que elevará una consulta formal ante el Consejo de Estado para que se pronuncie sobre la legalidad y viabilidad jurídica del denominado ‘decretazo’.
La Registraduría solicitará un concepto al alto tribunal con el fin de esclarecer el alcance normativo de los decretos expedidos en virtud del estado de emergencia social y si estos pueden servir de base para convocar a las urnas a través de mecanismos de participación ciudadana.
Este movimiento genera incertidumbre sobre los tiempos y condiciones en los que podría llevarse a cabo la consulta, que ha sido duramente cuestionada por sectores políticos y jurídicos. Mientras tanto, el país sigue a la espera del pronunciamiento del Consejo de Estado.
