La Registraduría Nacional anunció que no convocará la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro hasta que las altas cortes definan la legalidad del decreto que ordena su realización. El registrador nacional, Hernán Penagos, pidió la intervención del Consejo de Estado, la Procuraduría y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para resolver la controversia.
Penagos advirtió que existe un conflicto jurídico de gran magnitud entre poderes del Estado y subrayó que la Constitución exige que una consulta popular cuente con la solicitud del presidente, concepto favorable del Senado y la firma del decreto. Sin embargo, el Senado negó la solicitud con 49 votos en contra frente a 47 a favor.
Pese a esto, el presidente Petro firmó el decreto el pasado 11 de junio, decisión que ha sido cuestionada por múltiples demandas, tutelas y solicitudes de nulidad presentadas ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
La Registraduría, que estima en al menos 750 mil millones de pesos el costo de la consulta, señaló que no puede comprometer esos recursos públicos sin respaldo jurídico claro. Además, advirtió que para su realización se requieren tres meses de preparación, la instalación de 112 mil mesas de votación y el despliegue logístico nacional e internacional.
El Gobierno, por su parte, ha dicho que estaría dispuesto a derogar el decreto si el Senado aprueba sin cambios la reforma laboral, lo cual ha sido rechazado por varios senadores, que se niegan a actuar como “notarios” del texto aprobado en la Cámara.
La decisión final sobre si la consulta puede o no realizarse está ahora en manos de las altas cortes.
