La Corte Constitucional ordenó el regreso de la Ley 2381 de 2024, que contiene la reforma pensional impulsada por el Gobierno Petro, a la presidencia de la plenaria de la Cámara de Representantes. La decisión responde a la existencia de errores de forma en el trámite legislativo, que deben ser subsanados antes de que la alta corte emita un pronunciamiento de fondo sobre su constitucionalidad.
Según lo determinado por el alto tribunal, el texto aprobado y enviado para revisión constitucional no cumple con ciertos requisitos formales exigidos por la ley, lo que implica que el proceso legislativo no está plenamente concluido en términos procedimentales. Esta decisión representa un revés técnico para el Ejecutivo y dilata aún más la entrada en vigor de una de sus reformas bandera.
La Ley 2381 plantea un rediseño estructural del sistema pensional colombiano mediante un esquema de pilares, con el que el Gobierno busca ampliar la cobertura, mejorar la equidad y reducir la carga fiscal del régimen actual. Sin embargo, el trámite ha sido criticado por falta de rigurosidad y premura en las votaciones finales, en medio de tensiones políticas.
La determinación de la Corte no implica un juicio sobre el contenido de la norma, sino que exige una corrección formal antes de proceder a su estudio de fondo. El presidente de la Cámara tendrá que rehacer parte del procedimiento, lo que podría abrir la puerta a nuevos cuestionamientos jurídicos y políticos.
