La Sección Quinta del Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto expedido por el presidente Gustavo Petro con el que se convocaba a una consulta popular para el próximo 7 de agosto. La decisión congela cualquier avance hacia la realización del referendo, impulsado por el Ejecutivo tras el hundimiento inicial de la reforma laboral en el Congreso.
El tribunal acogió una demanda interpuesta por un grupo de senadores de oposición, entre ellos el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y miembros de los partidos Conservador, Cambio Radical y Colombia Justa Libres. El argumento central de los demandantes fue que el decreto fue expedido sin contar con el concepto previo favorable del Senado, requisito establecido por el artículo 104 de la Constitución para convocar consultas populares.
“El decreto fue emitido sin el cumplimiento de un paso constitucional fundamental”, señaló el fallo del Consejo de Estado, compuesto por cuatro magistrados. La decisión constituye un revés jurídico para el Ejecutivo y respalda las advertencias de la oposición sobre una supuesta extralimitación de funciones por parte del presidente.
A pesar del debate sobre si corresponde al Consejo de Estado o a la Corte Constitucional decidir el futuro del decreto, el tribunal administrativo argumentó que le compete determinar la legalidad del acto emitido por el Senado. Esto le permitió tomar una decisión preliminar sin esperar un pronunciamiento de la Corte Constitucional, que también recibió múltiples demandas contra la norma pero cuyos procesos avanzan a un ritmo más lento.
La reacción del presidente Petro no se hizo esperar. A través de su cuenta en X, cuestionó el alcance jurídico de la decisión: “Ni el Consejo de Estado puede determinar inconstitucionalidad, ni necesito cambiar asesores, porque tampoco ha dicho ilegalidad. Solo una sala ha suspendido transitoriamente mi decreto que entregué fue a la Corte Constitucional”. Además, indicó que la verdadera discusión está ahora en manos del Congreso, refiriéndose al trámite pendiente de la reforma laboral.
El decreto presidencial surgió como respuesta al fracaso de la reforma laboral en marzo. Sin embargo, en las últimas semanas, el Congreso revivió la iniciativa, la cual superó su último debate este martes y ahora solo requiere la conciliación de los textos aprobados por Senado y Cámara, un paso que debe cumplirse antes del viernes para que el proyecto no se hunda nuevamente.
La suspensión del decreto fue celebrada por figuras clave de la oposición. “Pasó lo obvio en un Estado social de derecho: suspendido el decretazo”, escribió la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde), una de las impulsoras de la reforma laboral revivida. Por su parte, el senador conservador Mauricio Giraldo afirmó que la decisión “confirma que nuestras instituciones no están al servicio de intereses gobiernistas”.
También reaccionó la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático), quien había interpuesto una acción de nulidad contra el decreto y afirmó que el Consejo de Estado “defiende el Estado de derecho frente a la amenaza golpista de Gustavo Petro”.
Un día antes del fallo, el registrador nacional, Hernán Penagos, había advertido sobre la necesidad de esperar una decisión judicial antes de convocar oficialmente a la consulta. Según Penagos, el Consejo de Estado ya había recibido decenas de demandas, incluyendo 10 acciones de nulidad simple, 34 de nulidad por inconstitucionalidad y 97 tutelas, mientras que la Corte Constitucional acumulaba otras 11 demandas.
Tras sus declaraciones, el presidente Petro acusó al registrador de “sedición” y lo señaló de liderar un intento de “golpe institucional”. A pesar del fallo judicial, el mandatario insiste en que el futuro del decreto está ligado a la conciliación legislativa de la reforma laboral, más que a una decisión jurídica definitiva.
