La iniciativa busca restringir la publicación de sondeos sobre intención de voto presidencial, generando debate sobre su impacto en la democracia.
Un nuevo proyecto legislativo, que está a la espera de la firma del presidente Gustavo Petro para convertirse en ley, establecería la prohibición de publicar encuestas electorales en Colombia.
La iniciativa fue tramitada y aprobada durante el último periodo legislativo sin haber sido sometida a consulta previa con firmas encuestadoras, lo que ha generado cuestionamientos por parte de distintos sectores, especialmente desde el gremio de los investigadores de opinión.
Dicha norma, establece que esta práctica no se podrá realizar hasta el 31 de octubre de 2025.
Uno de los principales cambios que introduce esta norma es la restricción en la divulgación de encuestas de intención de voto. Según el texto aprobado, estas solo podrán publicarse dentro de los tres meses anteriores al inicio formal del proceso de inscripción de candidaturas. En el caso de las elecciones presidenciales de 2026 —cuyo calendario de inscripción comienza el 31 de enero de ese año—, las encuestas solo podrán hacerse públicas a partir del 31 de octubre de 2025.
No obstante, las mediciones nacionales deberán incluir obligatoriamente a los municipios con más de 800.000 habitantes, conforme a las proyecciones más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Entre las novedades que introduce esta ley se encuentra la obligación de remitir al Consejo Nacional Electoral (CNE) la información relativa a las bases de datos utilizadas en las encuestas.
Aunque los datos personales deberán mantenerse anónimos, el CNE podrá auditar los procedimientos de recolección y análisis. Para ello, se creará una Comisión Técnica compuesta por expertos en estadística designados por universidades que cuenten con programas en esta área del conocimiento.
Durante el trámite legislativo, el articulado contó con la asesoría técnica de la doctora Hanwen Zhang, estadística de origen chino, reconocida por su trabajo en el análisis de encuestas políticas en Colombia. Su participación fue fundamental en la definición de los lineamientos metodológicos que sustentan la nueva regulación.
¿Cuáles serán los riesgos de esta nueva Ley?
Sin embargo, este proyecto ha generado inquietudes. Diversos analistas advierten que la limitación para publicar encuestas durante un periodo de tres meses podría restringir la capacidad de monitorear el comportamiento del electorado, reducir el dinamismo del debate público y limitar el acceso a información clave para el análisis electoral.
Además, señalan que esta restricción no encuentra equivalentes en muchas de las prácticas internacionales en materia de regulación de encuestas.
Expertos también han expresado preocupación sobre el rol del CNE como ente auditor, sancionador y regulador. A su juicio, la norma no contempla mecanismos claros para impugnar sanciones o exigir revisiones técnicas independientes, lo que podría dar lugar a decisiones discrecionales sin posibilidad de apelación.
