Una reciente auditoría financiera realizada por la Contraloría General de la República al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) evidenció profundas deficiencias en la gestión fiscal de la entidad durante la vigencia 2024. El informe no solo deja al descubierto fallas administrativas, sino que compromete el uso de más de $2.308 millones de pesos, distribuidos en 11 hallazgos fiscales, además de 77 disciplinarios y 2 con presunta connotación penal.
El organismo de control fue claro: los estados contables del SENA no reflejan razonablemente su situación financiera, lo que motivó una opinión negativa sobre sus informes. A esto se suma una opinión presupuestal con salvedades, tras detectar reservas presupuestales constituidas sin cumplir con los requisitos legales, afectando así los recursos de esta vigencia.
Sedes regionales bajo la lupa
Las regionales de Santander, Antioquia y Magdalena concentran la mayor parte de las anomalías detectadas. En Santander, particularmente en el proyecto de ampliación del SENA en San Gil, se identificó un hallazgo fiscal de $1.008 millones por la entrega de recursos a un tercero sin las garantías adecuadas para la asistencia técnica y administración de fondos.
En Antioquia, el panorama no es más alentador. Se reportó una pérdida patrimonial de $645 millones por la ausencia de 256 elementos en bodega, sin que existan resoluciones de baja ni soporte documental que justifique su salida del inventario institucional.
Contratos inconclusos en el Magdalena
Otro foco crítico se encuentra en la Regional Magdalena. Dos contratos suscritos por un valor de $2.493 millones, destinados a construir almacenes en los centros de Gaira y Promoción Ecoturística, están actualmente suspendidos. Las obras, iniciadas en 2023, presentan graves inconsistencias: ausencia de estudios técnicos y topográficos, errores en la planeación contractual y cambios sin sustento técnico. Además, se denunció una intervención deficiente por parte de la interventoría contratada.
Entre sombras, algunos aciertos
Pese al preocupante panorama, la Contraloría también destacó que se lograron beneficios de auditoría por $4.958 millones, es decir, recursos que fueron recuperados o mejor gestionados a raíz del proceso de control.
No obstante, los hallazgos generales reflejan una entidad que, a pesar de su misión formativa y su importancia en el desarrollo social del país, enfrenta una crisis de gestión y de control interno en varias de sus sedes. La Contraloría adelantará el traslado de los hallazgos a los entes de control correspondientes para determinar posibles sanciones fiscales, disciplinarias o penales.
