La Procuraduría General de la Nación adelanta seguimiento preventivo a la operación del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, cuya administración pasó a manos de la Aeronáutica Civil tras la finalización del contrato de concesión con AEROCALI S.A.
La Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública solicitó a la Aerocivil un informe detallado sobre las medidas adoptadas para garantizar la transición y el cambio de operador, con el fin de evitar afectaciones en la prestación de los servicios.
Entre los puntos requeridos se encuentran los contratos de transición para asegurar la continuidad de la operación aeroportuaria, la ejecución del presupuesto proyectado en más de $90.000 millones para 2026, y los planes de contingencia en caso de retrasos en la adjudicación de la nueva concesión que adelanta la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
La Procuraduría recordó la obligación de garantizar la continuidad, eficiencia y seguridad del transporte aéreo, así como la transparencia en la contratación pública y la adecuada atención a los usuarios del aeropuerto.
