La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico abrió investigación formal contra la Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, por la decisión adoptada el pasado 11 de abril que otorgó la libertad condicional a Emilio Tapia, condenado a seis años y cuatro meses de prisión por el escándalo de Centros Poblados.
El proceso disciplinario busca establecer si la funcionaria incurrió en irregularidades al conceder la medida, pues según la Procuraduría General de la Nación la decisión no cumplió con los presupuestos legales establecidos. En particular, el Ministerio Público cuestiona que se habrían vulnerado artículos del Código Penal, el Código Penitenciario y Carcelario, la Constitución y la Ley 190 de 1995, que obliga a la constitución de parte civil por las entidades estatales afectadas.
De igual manera, la investigación examinará una posible mora en la resolución del recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría, lo que habría prolongado el efecto de la medida sin un pronunciamiento de segunda instancia.
Cabe recordar que Tapia fue señalado como el “cerebro” de la maniobra que, mediante garantías bancarias falsas de la Unión Temporal Centros Poblados, permitió el giro anticipado de 70.000 millones de pesos. Estos recursos, posteriormente perdidos, estaban destinados a un contrato del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para llevar conectividad a las zonas rurales del país.
