La fiscal Lucy Marcela Laborde, tercera delegada contra el lavado de activos y responsable del proceso contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, envió una fuerte carta a la fiscal general Luz Adriana Camargo en la que cuestiona la designación de una fiscal de apoyo para la nueva imputación de cargos prevista para el próximo 1 de octubre.
Laborde calificó la decisión como una “imposición” y advirtió sobre intromisiones indebidas que, según ella, podrían afectar la transparencia del caso. En la misiva, la fiscal asegura que el proceso —en el que se imputarán delitos de tráfico de influencias, interés indebido en contratos y falsedad en documento público, además de los ya existentes por lavado de activos y enriquecimiento ilícito— se ha llevado “de manera íntegra” y con un “soporte probatorio muy fuerte”, por lo que “NO REQUIERE apoyo, asesoría ni orientación”.
La controversia se originó tras la resolución del 8 de septiembre que nombró a la fiscal María Isabel Ramírez como apoyo, argumentando la necesidad de garantizar celeridad y eficiencia. Laborde sostiene que su despacho no presenta sobrecarga laboral ni situaciones administrativas que justifiquen la medida y denuncia que la designación coincide con la solicitud de audiencia para imputar a Petro Burgos.
Además, reveló que ha sido citada a reuniones sorpresivas en las que se le pidió detallar hechos de la investigación, sin claridad sobre su finalidad, y que algunas solicitudes de la defensa no le han sido trasladadas, sino respondidas por otros funcionarios.
En su carta, Laborde pide a la fiscal general explicaciones sobre el alcance de la designación de apoyo, el propósito de las reuniones internas y las razones por las cuales se le han ocultado peticiones procesales, reclamando respeto a su autonomía e independencia en un caso que califica de “mediático, priorizado y de alto impacto”.
