Ante la insistencia del Gobierno nacional de cobrar la contribución de valorización nacional en la zona de influencia del corredor costero Cartagena – Barranquilla y la Circunvalar de la Prosperidad, el Comité Intergremial del Atlántico y el Consejo Gremial de Bolívar hicieron varios planteamientos.
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El primero de ellos es solicitar al Ministerio de Transporte derogar las resoluciones 1729 de 2023 y 2615 de 2024 de INVÍAS, mediante la cual se pretende cobrar la contribución de valorización nacional en la zona de influencia de la Vía al Mar.
Los gremios argumentan que violan principios constitucionales y legales, tal cual se señaló en la acción de nulidad que el Comité Intergremial del Atlántico y el Consejo Gremial de Bolívar presentaron ante el Consejo de Estado el pasado 9 de julio de este año, es decir hace un mes.
Los vicios de nulidad señalados en dicha acción de nulidad se relacionan con:
· Retroactividad del Cobro contraviniendo el artículo 363 de la Constitución, que lo prohíbe para las leyes tributarias.
· Inadecuada Determinación del Beneficio, violando la Ley 1819 de 2016 que exige demostrar un beneficio económico concreto para los inmuebles afectados.
· Deficiencias en la Zona de Influencia que fue delimitada sin seguir los criterios técnicos establecidos por la normativa.
· Falta de Estudios Técnicos y Socioeconómicos para establecer la capacidad de pago de los contribuyentes.
· Errores en la Determinación de la Base Gravable que se estableció sin descontar ingresos ya generados por peajes, lo que vicia el cálculo del monto distribuible.
· Método de Distribución Cuestionable que carece de criterios objetivos por basarse en metodologías inapropiadas y no contextualizadas, que no reflejan adecuadamente la capacidad de pago de los contribuyentes.
“Rechazar la propuesta hecha por la ministra de Transporte, María Constanza García Alicastro, de que se acepte el cobro de la valorización nacional en la Vía al Mar Cartagena – Barranquilla sobre la base de destinar un porcentaje del recaudo a obras de Atlántico, Bolívar, Magdalena y Cesar porque no se puede negociar a partir de decisiones que no tienen fundamento legal. No puede el Gobierno condicionar la ejecución de proyectos fundamentales para esta región al pago de dicha contribución cuando debieron incluirse en el Presupuesto Nacional de este año y del 2025″, aseguraron los gremios.
