La demanda interpuesta por el exalcalde Jaime Pumarejo contra el sobrecosto en el servicio de energía sigue sin respuesta en el Consejo de Estado desde su radicación en 2022.
La demanda solicita medidas cautelares para suspender el cobro excesivo, que afecta la economía de los usuarios en la región Caribe.
El caso fue presentado antes del inicio del Gobierno de Gustavo Petro y destaca varios problemas con las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que permiten cobros retroactivos y aumentos tarifarios no justificados.
Según Pumarejo, el cobro por pérdidas de energía antes de la llegada de AIR-E y el aumento en las tarifas para cubrir pérdidas no atribuibles directamente a la empresa son algunos de los principales puntos de la demanda.
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Pumarejo señaló que su administración coadyuvó a la demanda de los Personeros de Barranquilla y Santa Marta.
“Esta es un gran primer paso, pero los parámetros de acción son muy amplios y si la CREG baja el 1% la tarifa podría argumentar que está cumpliendo con el mandato legal”, afirmó.
“Si hacen lo que no han hecho en 3 años, que es de verdad eliminar el concepto de pérdidas excesivo de la tarifa, habrá hecho justicia y el fallo será suficiente, pero como no tengo fe de que cumplan, tenemos que avanzar en presionar la otra demanda que es mas explicita”, añadió.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico decretó las medidas cautelares en respuesta a la Acción Popular 08-001-23-33-000-2022-00397-00, presentada por los Personeros Distritales de Barranquilla y de Santa Marta Miguel Alzate y Edwar Orozco, respectivamente , contra la Nación – Presidencia de la República y otros, en defensa de los derechos de la Región Caribe en el servicio público domiciliario de energía eléctrica.
En la mencionada decisión, histórica, el Tribunal ha ordenado a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) convocar en los próximos diez días una audiencia pública en Barranquilla para evaluar el impacto económico y social de las Resoluciones 010 de 2020 y 078 de 2021.
La audiencia deberá incluir a autoridades locales y nacionales, con el fin de revisar la fórmula tarifaria de energía eléctrica en la región y considerar su modificación.
Adicionalmente, ordenó a la CREG que “se sirva fijar la sesión y/o audiencia pública para el quinto (5º) día siguiente a la fecha de convocatoria, a la cual, deberá convocarse a los alcaldes, gobernadores, parlamentarios de la Región Caribe, el Ministro de Minas y Energía, a la Procuradora General de la Nación, al Defensor del Pueblo, al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Presidencia de la República, a las empresas Air-e y Afinia, a los distribuidores de energía eléctrica, al gremio de comercializadores distribuidores sin generación despachada centralmente, un delegado de los accionantes, y/o cualquier otra persona de derecho público o privada con interés en el tema a debatir. Para tal efecto, deberá levantar un acta que recoja tales puntos”.
