El ente de control anunció también visita técnica y espacios de escucha con el ejecutor del proyecto, sociedad civil y comunidades aledañas.
El Área Metropolitana de Barranquilla no estaría cumpliendo con su rol articulador frente a la expansión urbana y el desarrollo de proyectos urbanísticos en el área de la Ciénaga de Mallorquín, evidenció la Procuraduría General de la Nación en la mesa preventiva convocada por el ente de control.
En el espacio, al que asistieron representantes de los entes territoriales, autoridades ambientales y empresas de servicios públicos, alertó que se evidencia desconocimiento y falta de coordinación entre los planes de ordenamiento en torno al proyecto urbanístico, a pesar de que el ecosistema de la Ciénaga de Mallorquín además de tener gran importancia ecológica para la región y el país, es considerado como un “hecho metropolitano” que significa que afecta e impacta simultáneamente a dos o más de los municipios del área metropolitana.
Frente a esto, la Procuraduría pidió acciones concretas en las que se reconozca esta categoría, dando lugar a la articulación urbanística y la verificación del cumplimiento de las determinantes ambientales, comprometiendo a las entidades a establecer un mecanismo asociativo que permita la toma de decisiones coordinadas, con el concurso de las autoridades ambientales.
Así mismo, llamó la atención del ente de control la ausencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, precisando que no se puede hablar de ordenamiento territorial en torno al agua como política pública y línea base del Plan Nacional de Desarrollo, cuando sus representantes no asisten a escenarios de concertación en situaciones conflictivas frente a ecosistemas de humedal.
Finalmente, el órgano de control confirmó que continuará seguimiento preventivo al Proyecto Urbanístico Ciudad Mallorquín, por lo que realizará también una mesa técnica con el ejecutor del proyecto, así como espacios de diálogo con la sociedad civil y comunidades aledañas, escuchando a los diferentes actores frente a la garantía de la protección de los recursos naturales, el acceso y aduacuada prestación de los servicios públicos, especialmente el saneamiento básico, entre otros.
