La Procuraduría General de la Nación solicitó acciones urgentes a las secretarías de Gobierno y Salud por las recientes intoxicaciones ocurridas en Barranquilla, tras el consumo de un aparente licor adulterado distribuido en botellas de agua, que hasta el momento ha dejado 11 muertos y tres personas más hospitalizadas.
Las entidades destinatarias de la comunicación deben entregar informes sobre las medidas adoptadas para enfrentar la crisis: controles realizados y acciones para identificar y judicializar a los responsables con el fin de detener la producción y venta de bebidas adulteradas.
El órgano de control también exigió reportes sobre vigilancia a los establecimientos abiertos al público y el decomiso en puntos de venta de alcohol, así como las estrategias de prevención ciudadana y de pedagogía para advertir riesgos y prevenir nuevas víctimas.
Adicionalmente, propuso la instalación de un Puesto de Mando Unificado, orientado a la búsqueda de estrategias conjuntas para proteger la vida y la salud de los barranquilleros.
