Según la magistrada que lidera el caso 03 frente a las ejecuciones extrajudiciales, “No es una mentira”.
Asimismo reitera la registradora diciendo; “Que lo sepan los vecinos, que sepan los que lo niegan, que lo reconozcan aquellos que dicen que es mentira; porque como lo encontramos nosotros, trabajando, con esos nombres, apellidos y mentira, esto no es mentira”.
Catalina Díaz, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respondió a las más recientes críticas que se han hecho sobre el expediente que reveló que 6.402 personas fueron asesinadas entre 2002 y 2008 y presentadas como guerrilleros abatidos en combate para mostrar resultados operacionales.
La magistrada de la Sala de Reconocimiento que lidera el caso 03 –que hace referencia a ‘asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por Agentes del Estado’- le envió un mensaje directo a aquellos que han puesto en duda la veracidad de esta cifra y, de manera falaz, la han tildado como un invento de la JEP.
En su intervención en el acto de reconocimiento a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales que se celebró el pasado martes en Cali, la magistrada explicó que para llegar a esa cifra se realizó un minucioso trabajo de revisión de cada una de las denuncias y registros, las bases de datos, los informes de la Fiscalía y el Centro de Memoria Histórica. (Ver las declaraciones desde el 4:34:16)
En esa investigación se determinó además que se trató de una práctica sistemática y macro-criminal que ubicaba a personas entre los 25 y 35 años con unas “condiciones especiales” para retenerlas, asesinarlas y presentarlas posteriormente como integrantes abatidos en combate.
Para lograr una “mayor efectividad” en esto, se contactaron a reclutadores que engañaban a los jóvenes de bajos recursos con ofertas de trabajo falsas. “Se asociaron con civiles que básicamente contrataron como en un negocio criminal para que les trajeran las víctimas de lo más lejos que pudieran para que nadie supera el lugar en el que eran asesinadas quiénes eran esos jóvenes”.
“A mí me aterró cuando me dijeron 6.402 (…). No es una cifra, son nombres, apellidos, lugres, víctimas que están acogidas en la Jurisdicción (…) Es la historia de vida, el liderazgo en la comunidad que se fue, el hijo que no volvió a la casa, la hija que tenía 14 años, el muchacho que venía a pesar de su juventud por sus hijos chiquitos, ese es el motor que nos lleva a trabajar por esclarecer lo que ocurrió e imputar responder a los principales implicados”.
Esta práctica ocurrió en todas regiones del país sin excepción alguna: Comerciantes, ebanistas, vendedores informales, campesinos, fueron retenidos, trasladados hasta una zona y asesinados para luego ponerles un camuflado y presentarlos como guerrilleros. Incluso, en un caso se documentó la ejecución extrajudicial de una menor indígena de tan solo 14 años de edad.
Los familiares de las –resaltó la magistrada- buscaron a sus seres queridos hasta el último rincón con el fin de ubicarlos y conocer todo lo que había ocurrido. Así se conoció la existencia de esta práctica que buscaba mostrar resultados en la puesta en marcha de una política de Estado.
Justamente, el pasado martes, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP ordenó levantar la reserva que existía sobre las versiones que han entregado los comparecientes en dos de las investigaciones priorizadas en Norte de Santander y la Costa Caribe (entre los que se encuentra el Batallón La Popa).
En estos dos casos ya se emitieron autos de determinación de hechos y conductas en los que imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a los involucrados.
La reserva –explicó la JEP se levantará respecto a 81 versiones voluntarias y 10 escritas que se tuvieron en cuenta para imputar a 25 miembros del Ejército y a un civil. Todos fueron imputados como máximos responsables dentro de la investigación en la que se identificaron planes, patrones y políticas criminales en las que participaron.
Sin embargo, mientras persistan situaciones particulares de probado riesgo a la integridad y seguridad de quienes han entregado las versiones, la Sala determinará en cada caso específico cómo garantizará el acceso y publicidad de sus versiones voluntarias, asegurando también la seguridad de los miembros de la fuerza pública y terceros civiles que se han sometido a la JEP.
En este caso se han recolectado 439 versiones voluntarias presenciales, escritas y virtuales.
