La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) expresó su preocupación frente a la posibilidad de que el salario mínimo para 2026 aumente en un 11 %, porcentaje que, según el gremio, superaría ampliamente la inflación proyectada y tendría efectos adversos sobre la economía, el empleo y las finanzas públicas.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, señaló que incrementos por encima del costo de vida suelen generar presiones inflacionarias, ya que las empresas tienden a trasladar los mayores costos laborales a los precios de bienes y servicios. “En la práctica, esto se convierte en ‘lo comido por lo servido’. Sube el salario, pero también suben los precios, y el trabajador termina sin un beneficio real”, explicó, al referirse al fenómeno de la indexación.
El dirigente gremial también advirtió que un ajuste de dos dígitos afectaría con mayor fuerza a las micro, pequeñas y medianas empresas, que cuentan con márgenes más reducidos para absorber aumentos salariales. Esto, afirmó, podría traducirse en un mayor nivel de informalidad o en ajustes de personal.
Cabal añadió que un incremento elevado dificultaría la continuidad en la reducción de las tasas de interés por parte del Banco de la República, debido a su impacto sobre la inflación. Asimismo, sostuvo que el sector público también se vería presionado, pues cada punto adicional por encima de la inflación incrementa significativamente el costo de la nómina oficial.
De acuerdo con las estimaciones presentadas por el gremio, un aumento del 11 % llevaría la remuneración mínima total —incluyendo cargas prestacionales— a cerca de $2.800.499. Cabal recordó que contratar a un empleado con salario mínimo implica asumir un costo adicional del 77 %, correspondiente a aportes y prestaciones contempladas en la ley.
El presidente de Fenalco también expresó que una variación de esta magnitud podría impactar negativamente a los pensionados con mesadas superiores al salario mínimo, quienes, por norma, reciben ajustes basados únicamente en la inflación anual.
“Es evidente que decisiones de este tipo generan más costos para el Gobierno, presionan la inflación, estimulan la informalidad y no favorecen de manera sostenida el bienestar económico”, concluyó el vocero del gremio.
