En el despacho del presidente de la República se radicó la propuesta que una reconocida abogada y académica barranquillera acaba de presentarle, para que, a través de una Ley, se creen los “Gestores Anticorrupción”, que podrían ser los mismos personajes que en los últimos años han resultado condenados y/o acusados, o confesado, por delitos contra la Administración Pública, es decir contratistas y funcionarios que en el pasado hicieron parte de los llamados carteles de la contratación.
La novedosa iniciativa fue presentada por la abogada MILAGROS SARMIENTO ORTIZ, una académica de su natal Barranquilla, experta en Derecho Público, que lleva varios años analizando el impacto que el flagelo de la corrupción ha tenido en la juventud colombiana, al punto de generar entre los jóvenes un alto grado de pesimismo frente al futuro que los espera, en el entendido de que mientras más corrupción se presente en todos los niveles del Estado, menos oportunidades encuentran de acceder laboralmente al sector público.
“Estudios realizados por connotadas encuestadoras y universidades en las principales ciudades capitales, demuestran que los jóvenes sienten APATÍA frente a la opción de acceder a puestos de trabajo en el Estado, además de palpar una gran insolidaridad de la propia sociedad, ante el aumento del flagelo y, especialmente, ante la creciente impunidad en las investigaciones que hacen los órganos de control y operadores judiciales”, explica la abogada.
Lo que la doctora SARMIENTO ORTIZ plasma en su propuesta elevada directamente al jefe de Estado, es que esos personajes vinculados con los grandes desfalcos al Erario, pongan al servicio de la Justicia, Procuraduría y Contraloría, sus “Modus Operandi”, la forma engañosa como actúan y logran burlar los radares de los investigadores judiciales, que muchas veces se declaran impotentes para esclarecer esos grandes escándalos.
“Es poner el ingenio para el mal, al servicio del bien”, concluye la abogada, y explica que en países de Europa y en Estados Unidos, ya se han puesto en práctica sistemas similares para esclarecer delitos de connotación, como homicidios, narcotráfico y estafas multimillonarias.
“El presidente Petro, ha dado traslado a esta comunicación a la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Ministerio de Justicia y del Derecho, Consejo Nacional Electoral – CNE, Registraduría Nacional del Estado Civil y Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, entidades legalmente facultadas, para conocer del tema expuestos en la misiva, y tomar las acciones a que haya lugar, de acuerdo a la consideración y fines pertinentes”.
En diálogo con LA REVISTA SEMANA, la abogada SARMIENTO reveló que ella misma fue víctima de una red de corrupción, relacionado con un tema del ministerio de las telecomunicaciones (MINTIC) que intentó involucrarla mediáticamente en un sonado un caso, del que salió avante, pues la Fiscalía no halló mérito para investigarla, ni siquiera llamarla a interrogatorio.
“Hace varios años intentaron vincularme con un escándalo, pero se trató de un falso positivo judicial, y esa experiencia también me impulsó a combatir las muchas formas de corrupción que carcome a Colombia”, puntualizó.
El texto completo de la carta es el siguiente:
Barranquilla, Febrero 28 de 2024
Doctor
GUSTAVO PETRO
Presidente de la República de Colombia.
E.S.D.
Señor Presidente:
En mi condición de Ciudadana preocupada por el futuro del país, como abogada y académica en mi querida y natal Barranquilla, de la manera más respetuosa acudo a usted con la intención de compartirle dos propuestas, que podría abrir la puerta del camino para acabar de una vez por todas con el flagelo de la corrupción administrativa.
Recientes estudios, muestreos y encuestas realizadas por empresas especializadas y distinguidas universidades, revelan que entre la juventud colombiana persiste una honda desesperanza por el futuro del ´país, básicamente producto de la APATÍA de la misma sociedad frente al flagelo de la Corrupción, y la poca respuesta que se encuentra en los órganos de control llamados a combatirla.
En su gran mayoría, los jóvenes están seguros que a la actual sociedad, “Ya poco le interesa” combatir la corrupción, estiman que no hay solidaridad y que esa misma sociedad víctima, prefiere hacerse “la de la vista gorda”, permitiendo que este monstruo siga engordando.
Conocedora de estos resultados y además porque soy testigo a diario de esa percepción negativa y pesimista que, insisto, persiste entre nuestros jóvenes, me atrevo a proponerle que por iniciativa gubernamental se lleve al Congreso de la República un proyecto de Ley que permita que delincuentes acusados y/o condenados y/o confesos de hechos de corrupción, puedan convertirse en asesores de los órganos de Justicia y de Control del Estado, para que ayuden a aclarar los todavía impunes casos, miles, que duermen “el sueño de los justos” en despachos judiciales, por carecer, los servidores judiciales, de pruebas, o porque los investigadores no logran entender el “Modus Operandi” que esos mismos presuntos infractores usan y siguen usando y perfeccionando, para robarse el Erario y asaltar las arcas del Estado.
Estoy segura que muchos de estos infractores de la ley estarían dispuestos a aportarle al Estado esos conocimientos obtenidos en el bajo mundo, esas triquiñuelas que a diario ellos diseñan y perfeccionan, para quedarse con la jugosa contratación estatal.
No sería Colombia el primer país en hacerlo. Estados Unidos lo ha hecho incluso con narcotraficantes y delincuentes de “Cuello blanco”, que decidieron pasarse a la orilla de “los buenos”. También ha ocurrido en Europa.
No se trata de generar impunidad, pues estamos hablando de personas ya acusadas o condenados o confesos. Al contrario, se trata de evitar más impunidad. Este proyecto de Ley incluiría beneficios para quienes decidan apostarle a esta fórmula, de tipo jurídico y de redención de pena, si es posible. No económicos, estimo. Es una manera de resocializar al delincuente. Pero esas aristas ya harían parte de los análisis por parte de sus asesores jurídicos.
Adicionalmente, una propuesta para establecer perfiles mínimos académicos y psicológicos en cargos de elección popular en Colombia. Los empleados públicos que ostentan espacios de poder elegidos por elección popular algunos no tienen la preparación académica e incluso psicológica para llevar las riendas como representantes del estado y ser garantes de todos los derechos y obligaciones constitucionales que nos amparan a los ciudadanos. Este pensamiento crítico y objetivo hace parte de mi preparación pre-doctoral cursada en la Universidad de Buenos Aires y publicada en el Volumen 17 llamado: “REFLEXIONESSOBRE DERECHO LATINO AMERICANO” de la UBA.
Hoy con un camino profesional recorrido con pasión, responsabilidad y altura en mi país en medio de la polarización alimentada por la mal llamada extrema derecha e izquierda deben ser más las voces académicas que nutran y alimenten nuestra constitución, es por esto que traigo a colisión lo planteado por Antonio Carlos Wolkmar en su libro Pluralismo Crítico y Nuevo Constitucionalismo:
“La Constitución por sí misma, no solo disciplina y limita al ejercicio del poder institucional, sino que también busca estructurar las bases de una organización social y cultural dada, reconociendo y garantizando los derechos conquistados por sus ciudadanos, materializando el cuadro real de las fuerzas sociales hegemónicas y de las fuerzas no dominantes. Para Ferdinand Lassalle, la misma se refiere «a la suma de los factores reales del poder que rige un país». Para sintetizar, un espacio estratégico y privilegiado de múltiples intereses materiales, factores socioeconómicos y tendencias pluriculturales, la constitución congrega y refleja, naturalmente, los horizontes del Pluralismo”.
Acudo a usted, Señor Presidente, consciente de su empeño en conseguir la anhelada Paz Total. Acabar con la corrupción, también es un camino que conduce a esa Paz Total. Así como hay Gestores de Paz, estos “infractores”, también podrían obtener ese rótulo de “gestores anticorrupción”. Y desde el punto de vista de la institución análizar las ponderaciones de principios y normas constitucionales necesarias para tener en los espacios de poder de elección popular unos minimos requisitos que permitan garantizar proteger el patrimonio público y establecer mas eficacia en el desarrollo social.
Es poner al servicio del bien, de la Sociedad y del Estado, ese ingenio usado para hacer el mal y para delinquir.
Quedo atenta a sus comentarios y, de ser posible, poder entregarle los resultados de esas encuestas y estudios de universidades y consultoras de renombre nacional, que dan cuenta de ese desánimo palpable en nuestra juventud, por culpa del flagelo de la Corrupción, que fue lo que, al final, motivó mi intención de trasladársela a Su Señoría.
Atentamente,
MILAGROS DEL CARMEN SARMIENTO ORTIZ
Ciudadana, abogada, académica
Correo electrónico: [email protected]
