La Procuraduría General de la Nación abrió investigación a 21 funcionarios y contratistas, por las presuntas irregularidades presentadas en la firma de un contrato suscrito por la Agencia Nacional de Tierras -ANT- con RTVC Sistema de Medios Públicos por 15 mil millones de pesos, que tenía como objeto gestionar la logística de eventos organizados por esa entidad entre septiembre y diciembre del presente año.
Los funcionarios de la ANT contra quienes se inició investigación son: el secretario general, Daniel Medina González, así como Nury Luz Peralta, Julio César Cuastumal Madrid, Tony Luis Lozano Berrocal, Ana María Cadavid Escudero, Juan Camilo Cabezas, Juan Diego Gómez Vásquez, Claudia Patricia Herrera Logreira, Laura Andrea Botero Salazar, Gabriela Góngora Bermúdez y Andrés Felipe Alcalá Rodríguez.
También se abrió contra los contratistas de esa misma entidad, Bibiana Marcela Linero Guiza, Melissa Paola Palmera Castilla, Esteban Castaño Jaramillo, Cristina Elizabeth Gelpud Bravo, Jeanneth Andrea Soto Pacheco, Ángela Tatiana Coy Cruz, Laura Cárcamo Cárcamo, Jairo Salamanca Grajales y Derly Dayanna Espinel, y al subgerente de Soporte Corporativo de RTVC, Jorge Luis Arzuaga Cadena, quienes intervinieron en alguna de las fases de estructuración de contrato.
El órgano de control investiga si la suscripción del documento se acogió a los estatutos internos de RTVC, pues la experiencia que se le atribuye no corresponde con su objeto social, que está limitado a la función de programar, producir y emitir los canales públicos de televisión Señal Colombia y Canal Institucional, así como las emisoras nacionales Radio Nacional de Colombia y Radiónica, entre otras.
El Ministerio Público señaló que se pudieron vulnerar los principios de economía, selección objetiva y transparencia, pues no se habría escogido al oferente más adecuado desde el ámbito técnico, financiero y operativo, y al parecer se aplicó un procedimiento de selección que no correspondía a la naturaleza del objeto a contratar.
Con la apertura de la investigación, la Procuraduría busca verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.
