Lucy Laborde envía una carta en la que cuestiona reuniones y decisiones “subrepticias”, y rechaza la necesidad de una fiscal de apoyo impuesta tras la imputación de cargos.
Una carta enviada por la fiscal Lucy Marcela Laborde, encargada del proceso contra Nicolás Petro (hijo del presidente Gustavo Petro), a la fiscal general Luz Adriana Camargo revela una grave tensión interna en la Fiscalía General de la Nación.
En el documento, Laborde denuncia que desde la Dirección de Lavado de Activos se han dado “presiones”, resoluciones inesperadas, reuniones que considera indebidas, y una fiscal de apoyo impuesta en un momento clave del proceso, a lo que ella se opone aduciendo que no la necesita.
Los señalamientos de Laborde
Reuniones y decisiones “subrepticias”: Laborde afirma que, una vez anunciada la imputación de cargos, han ocurrido reuniones sorpresivas donde se discuten asuntos relacionado al proceso que ella no logra comprender claramente.
Respuestas de la defensa que se “ocultan”: Señala que las peticiones y solicitudes de la defensa de Nicolás Petro no han sido debidamente trasladadas a su despacho, sino que desde la Dirección de Lavado de Activos se estarían respondiendo sin transparencia.
Fiscal de apoyo impuesta: A través de la resolución Nº 33 del 8 de septiembre de 2025 se designó a la fiscal María Isabel Ramírez Meléndez como apoyo para el caso. Laborde menciona que no había requerido ese apoyo en las etapas previas, pues llevaba el proceso de forma íntegra.
Autonomía y necesidad: Argumenta que dado el estado actual del proceso —ya con pruebas recolectadas, en etapa preparatoria de juicio— la imposición de apoyo podría afectar la autonomía del despacho y el manejo propio de la investigación.
Lo que se conoce del contexto
Nicolás Petro enfrenta cargos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros delitos conexos. El caso es de alta visibilidad política por su vínculo familiar con el presidente.
La fiscal general Luz Adriana Camargo, por su parte, ha señalado que el caso no está estancado, y que los cambios de fiscales (como el apartamiento de Mario Burgos) obedecen a procedimientos establecidos y no a favoritismos o interferencias políticas.
En la resolución que designa a la fiscal Ramírez como apoyo se argumenta que motivos como la carga laboral, necesidades administrativas y los principios de celeridad, objetividad, eficacia, etc., justifican la medida.
Implicaciones
Sobre la independencia institucional: Las denuncias de Laborde apuntan a posibles interferencias dentro de la Fiscalía que podrían poner en riesgo la imparcialidad en casos sensibles.
Para el debido proceso: Si las peticiones de la defensa no se manejan con transparencia o si las decisiones internas no se justifican adecuadamente, puede generarse una percepción de desigualdad frente a la justicia.
Política y opinión pública: Dado el perfil público del investigado, estos señalamientos se vuelven parte de un debate sobre el poder judicial, la objetividad institucional, y la confianza ciudadana en que los procesos se desarrollen sin presiones externas.
Qué falta por aclarar
La fiscal Laborde solicita que se le explique formalmente por qué fue asignada una fiscal de apoyo, dado que ella considera que no hay necesidad objetiva en esta fase del proceso.
Qué información se ha manejado en esas reuniones sorpresivas, quiénes participaron, y para qué fines.
Si hay razones administrativas documentadas (por ejemplo, carga de trabajo u otras exigencias internas) que respalden legalmente la medida de apoyo.
Qué respuesta oficial dará la fiscal general Luz Adriana Camargo al respecto, y si habrá una revisión interna de los procedimientos señalados.
La carta de Lucy Laborde abre una nueva tensión institucional: denuncia presiones internas, decisiones que podrían limitar su autonomía, y cuestiona el manejo del caso de Nicolás Petro desde instancias superiores. Enfrenta así el riesgo de que un caso judicial termine siendo interpretado como un asunto político, lo que podría afectar la legitimidad de la Fiscalía si no se transparentan las razones detrás de cada decisión.
El desenlace de esta disputa interna será observado de cerca, tanto por el sistema judicial colombiano como por la sociedad.
