El decreto emitido por el Gobierno Nacional que autoriza el cobro anticipado de la retención en la fuente correspondiente al año gravable 2026 ha generado una ola de acciones judiciales por parte de sectores políticos y precandidatos presidenciales.
El partido Centro Democrático presentó una demanda ante el Consejo de Estado solicitando la suspensión provisional de todos los efectos del decreto, al considerar que vulnera principios legales y afecta la planeación tributaria de ciudadanos y empresas.
Por su parte, el precandidato presidencial David Luna interpuso una acción similar, argumentando que se trata de una “reforma tributaria disfrazada” que busca mejorar la caja del Gobierno de cara al último tramo del actual mandato. “No se puede jugar con la estabilidad económica de los colombianos por fines electorales”, advirtió.
Las demandas serán estudiadas por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, encargada de los asuntos tributarios, que deberá decidir si suspende provisionalmente el decreto mientras se resuelve el fondo del asunto.
El Gobierno aún no se ha pronunciado oficialmente frente a las demandas, aunque fuentes del Ministerio de Hacienda han defendido la legalidad de la medida, asegurando que busca “mejorar el flujo de recursos sin modificar las tarifas ni crear nuevos impuestos”.
