Nuevos cuestionamientos rodean al Ministerio de Defensa tras revelarse declaraciones que advierten sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de un millonario contrato para la reparación de helicópteros Mi-17 de la Fuerza Pública.
Según versiones conocidas por la Fiscalía, desde el Mindefensa se habría frenado un acuerdo directo con Estados Unidos para adelantar el mantenimiento de estas aeronaves y, en su lugar, se entregó el contrato —por un valor cercano a los US$32 millones— a la empresa Vertol Systems, la cual, según los señalamientos, no estaría calificada para ejecutar ese tipo de trabajos especializados.
Declaración ante la Fiscalía
El funcionario Orlando Royet, vinculado al Ministerio de Defensa, declaró ante la Fiscalía que el entonces viceministro Luis Edmundo Suárez era quien recibía personalmente en su despacho a las empresas interesadas en participar en el proceso contractual.
“Él los recibía en su oficina”, habría manifestado Royet en su testimonio, refiriéndose a los acercamientos de las compañías interesadas en el negocio.
De acuerdo con la denuncia, el contrato habría sido entregado de manera directa a Vertol Systems, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y los criterios técnicos utilizados para la selección.
Investigación en curso
El caso ahora es materia de indagación por parte de la Fiscalía General de la Nación, que deberá establecer si existieron irregularidades en la estructuración y adjudicación del contrato, así como posibles responsabilidades disciplinarias o penales.
Hasta el momento, el Ministerio de Defensa no ha emitido un pronunciamiento oficial detallando las razones técnicas o jurídicas que sustentaron la decisión contractual.
Los helicópteros Mi-17 son fundamentales para operaciones logísticas, de transporte y misiones estratégicas en distintas regiones del país, por lo que cualquier retraso o inconveniente en su mantenimiento impacta directamente la capacidad operativa de la Fuerza Pública.
