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— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) December 11, 2023
La Fiscalía General de la Nación informó este lunes que en trabajo articulado con personal de la Dijín, capturó a 10 uniformados activos de la Policía Nacional, señalados de realizar un falso procedimiento judicial en el cual presuntamente fueron retenidas una mujer y sus dos hijas menores de edad.
De acuerdo con la investigación adelantada por una Fiscalía Delegada ante el Tribunal, los procesados en agosto pasado, habrían realizado una diligencia de allanamiento sin orden judicial a una residencia ubicada en el barrio Paz y Progreso de Cúcuta (Norte de Santander). Allí al parecer, retuvieron por espacio de varias horas a la mujer y las dos niñas.
Por estos hechos fueron capturados los intendentes Iván Reinaldo López Rangel y Wilson Carrillo Celis; el subintendente Reynaldo José Chaustre Zambrano y los patrulleros: Jairo Antonio Martínez Cuadros, Paola Andrea Peralta Becerra, Deiby Johan Báez Guerrero, Wilmer Ismael Forero Torres, Gerson Ferney Lindarte Ramírez, Ramón Alberto Martínez Becerra y Hervin Danilo Velandia Vivas.
El material probatorio da cuenta que los procesados habrían exigido la suma de 50 millones de pesos a cambio de no capturarla y de no entregar a las menores de edad al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
En desarrollo de la supuesta diligencia, los uniformados encontraron varias cajas de mercancía representada en jeans y cigarrillos, los cuales, según ellos, no contaban con la documentación y soportes que demostraran su legal procedencia. La víctima por su parte manifestó que la mercancía de propiedad de su hermana era legal.
De acuerdo con los testimonios, momentos después llegó a la vivienda la mencionada hermana y los procesados, al parecer, le exigieron 40 millones de pesos. La mujer habría consignado 20 millones de pesos y le habrían dado un plazo para que en la tarde de ese día entregaran el resto del dinero.
Las capturas fueron legalizadas por un juez de control de garantías del Circuito Judicial de Cúcuta (Norte de Santander). La Fiscalía, según su responsabilidad, les imputó cargos por los delitos de secuestro simple agravado, concusión y falsedad ideológica en documento público. El juez les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
