Una tormenta política y administrativa se cierne sobre Ecopetrol tras la revelación de un contrato por 5.5 millones de dólares firmado con la firma estadounidense Covington & Burling LLP, cuyo objetivo era realizar un análisis de riesgos reputacionales del presidente de la compañía, Ricardo Roa.
La controversia no radica solo en el objeto del contrato, sino en el hecho de que este fue modificado —según denuncias— sin conocimiento ni autorización de la Junta Directiva.
La reacción del máximo órgano de gobierno corporativo no se hizo esperar. En un comunicado emitido este jueves, la Junta aseguró que ni ella ni el comité de auditoría fueron informados o consultados sobre el “otrosí” al contrato original, en el que se alteraron tanto el alcance como el valor del acuerdo.
La Junta fue tajante: “Tal y como se verificó en las actas, ni el comité de auditoría ni la junta directiva fueron consultados respecto a la firma del otrosí”, subrayó el comunicado. Ante la gravedad del caso, el órgano directivo ordenó la suspensión de todas las actividades derivadas de dicho contrato desde febrero de 2025 y solicitó una auditoría interna e investigaciones para esclarecer los hechos. “Se tomarán las acciones legales y administrativas que correspondan”, añadieron.
La historia adquiere ribetes más delicados al conocerse que la Procuraduría General de la Nación ya inició una indagación preliminar contra “funcionarios por determinar” de Ecopetrol. Según esa entidad, el contrato modificado habría sido utilizado como una estrategia para interceptar comunicaciones internas de funcionarios de la empresa, algo que, de confirmarse, implicaría una violación grave de la privacidad y de los procedimientos legales.
Aunque el contrato fue firmado con una de las firmas más reconocidas de EE. UU. en temas de cumplimiento legal y normativo —especializada en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y regulación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac)—, la naturaleza del encargo y el supuesto desvío en su uso han encendido las alarmas.
La Junta fue enfática en señalar que Ricardo Roa no participó en el proceso de contratación ni en sus modificaciones. “Desde 2008, cuando Ecopetrol empezó a cotizar en la Bolsa de Nueva York, hemos trabajado con estrictos controles internos y asesorías especializadas”, explicó el comunicado.
Ahora, el caso está en manos de los entes de control, ante quienes Ecopetrol ha manifestado plena disposición de colaborar. Mientras tanto, el millonario contrato sigue generando preguntas que deberán ser respondidas en el curso de las investigaciones.
