El presidente de la Asociación de Personerías de Ciudades Capitales de Colombia (Persocapitales), Miguel Ángel Alzate, hizo un urgente llamado al Gobierno Nacional para reforzar la protección de los personeros en el país, especialmente en regiones donde la violencia es elevada. La solicitud surge tras el asesinato de Federico Hull Marín, personero de Entrerríos, Antioquia, quien fue hallado muerto con heridas de arma blanca en su vivienda.
Alzate condenó el crimen y expresó su creciente preocupación por la creciente violencia contra los personeros, indicando que aproximadamente el 10% de los 1.104 personeros en Colombia están siendo amenazados. “Es un hecho lamentable que rechazamos y repudiamos, parte de una serie de ataques sistemáticos contra esta institucionalidad”, dijo en entrevista con Emisora Atlántico.
El dirigente recordó otros casos recientes de violencia contra los personeros, como los atentados contra el personero de Tuluá, el asesinato del personero de Cumbitara en Nariño y las amenazas recibidas por el personero de Tunja. Alzate señaló que estos ataques están directamente relacionados con las funciones de los personeros, quienes defienden los derechos humanos, particularmente en territorios marcados por altos índices de violencia.
En cuanto a la protección de los personeros, Alzate criticó los esfuerzos del Estado, mencionando que muchos funcionarios del Ministerio Público, especialmente en zonas como el Catatumbo, Cauca y Arauca, se encuentran bajo amenazas de muerte, a pesar de estar clasificados con “riesgo extraordinario”. “A muchos de ellos simplemente se les entrega un chaleco o un botón de pánico, lo que no es suficiente para garantizar su seguridad”, agregó.
El presidente de Persocapitales insistió en que el Gobierno debe actuar de manera más efectiva en la protección de estos servidores públicos, para que puedan ejercer su labor en territorios donde el conflicto armado y la violencia son una constante. “Exigimos que el Gobierno preste atención a esta problemática, porque muchos personeros no cuentan con los sistemas de seguridad adecuados”, concluyó Alzate.
