Así lo informó la Procuraduría, indicando que el Ministerio del Interior y del Deporte, y el DPS no han liquidado los contratos suscritos al amparo de la reforma de la Ley de Garantías.
La Procuraduría alertó que los ministerios del Interior y del Deporte y al Departamento de Prosperidad Social (DPS), no han terminado ni liquidado los convenios interadministrativos suscritos al amparo de la reforma de la Ley de Garantías, hoy declarada inexequible.
De acuerdo con el reporte del Ministerio Público, de los 15 convenios celebrados por el Ministerio del Interior con el objeto de promover la convivencia ciudadana, tan solo seis ya fueron liquidados. Los restantes superan los 13 mil millones de pesos.
Por otra parte, la Procuraduría encontró que el Ministerio del Deporte suscribió 14 convenios para la construcción de espacios y escenarios deportivos a lo largo del país por más de 49 mil millones de pesos. A la fecha uno de estos, por más de 5 mil millones de pesos, no ha sido liquidado.
Por último, la Procuraduría conoció que el Departamento de Prosperidad Social suscribió 24 convenios para superar la pobreza y aportar a la inclusión socioeconómica, entre otros, por más de 58 mil millones de pesos, de los cuales 14 se finalizaron y seis aún están pendientes de liquidar.
El pasado mes de mayo la Corte Constitucional, por 8 votos contra 1, declaró inexequible la reforma a la Ley de Garantías, un artículo incluido en la Ley de Presupuesto que le permitía a las entidades del orden nacional y territorial firmar convenios interadministrativos durante los cuatro meses anteriores a la primera vuelta presidencial, a pesar de que esta posibilidad había sido prohibida por la Ley de Garantías, vigente desde hace más 16 años.
“La Corte juzgó que se configuró una violación flagrante de la reserva de la ley estatutaria”, manifestó la Corte. Esto quiere decir que la ley estatutaria con la que se aprobó la Ley de Garantías no podía ser reformada con una ley ordinaria como la de presupuesto, lo cual fue advertido desde el momento de los debates por varios congresistas, incluido el representante a la Cámara, Germán Navas Talero, quien señaló a sus colegas que esa aprobación podía ser considerada un prevaricato, por ser precisamente una decisión “manifiestamente contraria a la ley”, como lo establece el código penal.
