El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ordenó este lunes investigar a la cadena de supermercados D1, después de que un reportaje periodístico revelara que algunos empleados trabajan hasta 12 horas diarias sin recibir pago por horas extras.
“Procedo de inmediato a aperturar investigación sobre este caso”, escribió Sanguino en su cuenta de X, donde agregó que “sería de suma gravedad” que los supermercados D1 “sometan a sus empleados a un régimen laboral ilegal e inmoral”.
Las declaraciones del ministro llegaron después de que el canal de televisión público Señal Colombia difundiera un reportaje sobre la situación de los trabajadores de esta cadena de supermercados de precios bajos, que cuenta con más de 24.000 empleados y 2.500 tiendas distribuidas en 31 departamentos del país, según datos de la compañía.
El reportaje destapó el caso de un cajero de D1 asesinado en un atraco y reveló testimonios de trabajadores que denunciaron jornadas de entre 10 y 12 horas diarias sin cobrar las horas extras.
D1 nació en 2009 en Medellín, pero hoy es propiedad de Koba International Group, de Panamá, cuyo principal accionista es el grupo Valorem, controlado por la familia Santo Domingo, una de las más ricas de Colombia.
Según el ministro Sanguino, D1 cerró 2024 con utilidades de 373.000 millones de pesos (unos 90 millones de dólares), un monto que “equivale a lo que ganan 225.000 trabajadores en un mes”. Eso son unos 400 dólares mensuales.
Este caso y la reacción del titular de Trabajo se dan en medio de las crecientes tensiones entre el Gobierno y el Congreso colombianos sobre una reforma laboral que planteó el presidente izquierdista, Gustavo Petro.
La reforma propone aumentar el pago por el trabajo en festivos y dominicales, ampliar el horario considerado como nocturno y permitir las licencias para mujeres con ciclos menstruales incapacitantes, entre otras medidas.
Después de que una comisión del Senado rechazara esta propuesta en marzo, Petro intentó reflotarla con la convocatoria a una consulta popular sobre la reforma laboral, una iniciativa que también fue negada por el pleno de esa misma cámara legislativa, donde el oficialismo no cuenta con mayoría.
El proyecto de ley fue resucitado en otra comisión del Senado la semana pasada, en la noche previa a un paro nacional que habían convocado las centrales obreras a favor de las reformas de Petro.
Ahora, la reforma debe ser avalada por el pleno antes del 20 de junio, cuando termina el periodo legislativo.
EFE
