El profesor Mauricio Gaona, envió una carta a La W sobre los argumentos que entregó el ministro delegado de Justicia, Eduardo Montealegre tras la firma del decreto que convoca la consulta popular.
El constitucionalista colombiano y profesor en reconocidas universidades como Harvard y La Sorbona, Mauricio Gaona, criticó duramente el decreto expedido por el Gobierno Nacional que convoca a una consulta popular sin autorización previa del Congreso. En sus declaraciones, calificó la decisión como un “exabrupto jurídico” y una distorsión peligrosa del derecho constitucional.
Durante una intervención pública, Gaona advirtió que los argumentos presentados por el Gobierno, especialmente por el Ministerio de Justicia, representan una amenaza directa al principio de separación de poderes y podrían derivar en un fenómeno conocido como “democratic blending”, es decir, el uso de mecanismos aparentemente democráticos para debilitar el orden constitucional y abrir paso al autoritarismo.
“Si esa tesis hace carrera, es decir, si la guardia de la Constitución ahora recae sobre el presidente con su errada teoría del control difuso constitucional —que según él existe en Colombia—, nada impide que también pueda declarar inconstitucional cualquier otro acto, como leyes, referendos o proyectos legislativos”, aseguró.
Gaona, quien ha sido investigador y docente en múltiples escenarios académicos internacionales, señaló que los argumentos del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, carecen de sustento doctrinal serio.
“Nunca he escuchado semejantes ideas en ninguna escuela de derecho del mundo. Los planteamientos que invocan doctrinas norteamericanas y francesas están mal interpretados y descontextualizados”, añadió.
Además, el jurista fue enfático en advertir que si se permite que autoridades distintas a los jueces apliquen la excepción de inconstitucionalidad, se estaría “destrozando el equilibrio institucional” que garantiza el funcionamiento democrático del Estado.
El profesor también sostuvo que el registrador nacional debería oponerse a ejecutar lo ordenado por el decreto, ante su evidente falta de legitimidad jurídica.
“Este ejercicio no es nuevo. Ya se ha visto en países como Venezuela o Nicaragua, donde el derecho fue instrumentalizado para avanzar proyectos de concentración de poder. Colombia no puede repetir ese camino”, alertó.
Las declaraciones de Gaona se suman a la creciente polémica nacional sobre la legalidad del decreto presidencial, que será examinado por la Corte Constitucional en los próximos días.
