El registrador nacional, Hernán Penagos, confirmó que el nombre del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, fue incluido y procesado en la consulta interna del Pacto Histórico, a pesar de sus anuncios públicos de retiro del proceso.
Penagos explicó que la Registraduría no recibió ninguna solicitud formal de los partidos convocantes —Unión Patriótica, Colombia Humana, Polo Democrático y Partido Comunista— para excluir a Quintero del tarjetón, por lo que su nombre permaneció en la boleta y los votos fueron contabilizados.
Según los datos oficiales, Quintero obtuvo cerca de 145.000 votos, que fueron procesados y publicados cumpliendo los procedimientos establecidos. El registrador recordó que las consultas internas son responsabilidad exclusiva de los partidos, y no de decisiones individuales de los precandidatos.
Posibles consecuencias jurídicas
Penagos advirtió que la participación de Quintero en la consulta podría tener repercusiones legales si intenta lanzarse nuevamente por firmas para la presidencia, ya que la Ley 1475 de 2011 obliga a quienes compiten en estos procesos a respetar los resultados y las decisiones de los partidos convocantes. En tal escenario, será el Consejo Nacional Electoral (CNE) quien determine si el exalcalde puede iniciar la recolección de apoyos ciudadanos.
Defensa del sistema electoral
Frente a las críticas del presidente Gustavo Petro sobre presuntas fallas en el sistema electoral, el registrador defendió la gestión institucional y resaltó que más de 2,7 millones de personas participaron sin contratiempos. Penagos precisó que la ralentización temporal de la página web se trató de una medida de seguridad para prevenir posibles ataques cibernéticos.
Incidentes durante la jornada
Penagos también lamentó los hechos de violencia ocurridos en el marco de la consulta, incluyendo el asesinato de la funcionaria Nancy Valencia en Alto Baudó y las amenazas contra la registradora de Yopal, declarada objetivo militar por las disidencias de las Farc.
Con esta explicación, la Registraduría deja claro que, pese a la renuncia de Quintero, la institucionalidad del proceso se mantuvo y los resultados se procesaron conforme a la ley.
